El vicepresident del Govern tiene en sus manos la posibilidad de impedir la implantación de nuevas grandes superficies, aunque el Tribunal Constitucional suspenda la moratoria comercial. La clave está en el artículo 15 de la ley de comercio que aprobó el Parlament el pasado año. Algunas de las disposiciones de esta ley fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Consejo de Ministros, pero el artículo que permite al vicepresident denegar licencias sigue vigente ya que no se encuentra entre los que fueron recurridos por el Gobierno central.
Se trata del artículo 15 de la ley, que determina el procedimiento de licencia autonómica para los grandes establecimientos comerciales. El artículo obliga a los promotores de grandes comercios a solicitar al Govern la licencia autonómica antes de pedir la licencia municipal. «Para el otorgamiento o la denegación de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial, el órgano competente ha de ponderar especialmente la existencia o no de un equipamiento adecuado en el ámbito territorial afectado por el nuevo establecimiento y los efectos que éste pueda ejercer sobre la estructura comercial de aquel. Asimismo, se tendrá en cuenta la incidencia negativa que pueda generar sobre el pequeño comercio existente», señala el artículo 15.5 de la ley de comercio.
En virtud de este texto, el vicepresident del Govern puede denegar las licencias a los nuevos establecimientos comerciales si apela al pretendido perjuicio que la instalación de un gran comercio podría ocasionar al tejido comercial de la zona. Se da por hecho que el Ejecutivo hará uso de esta prerrogativa en caso de que el Tribunal Constitucional concluya que la moratoria debe quedar suspendida mientras se estudia si es o no inconstitucional. No obstante, los responsables de Vicepresidència no quisieron comentar ayer nada al respecto y se limitaron a confirmar la existencia de este artículo de la ley de comercio.
En una visita oficial realizada ayer a Eivissa, Sampol tan sólo señaló que, si se levanta la suspensión, el Govern cuenta con otros caminos para impedir que se abra de momento ninguna nueva superficie. A ello se debe, posiblemente, la tranquilidad con la que el Govern ha afrontado la decisión del abogado del Estado de recurrir la moratoria pactada con el PP. La norma cautelar se aprobó a través de una enmienda presentada por los populares a la ley de acompañamientos de los presupuestos. El vicepresident del Govern, Pere Sampol, accedió a pactar con los populares, por lo que la enmienda fue aprobada por unanimidad en el pleno del Parlament.
Acaba el plazo para presentar alegaciones contra el
recurso a la moratoria
El plazo para presentar alegaciones al escrito del abogado del
Estado en el que pide la anulación de la moratoria finaliza hoy,
pero tanto el Govern como el Parlament ya han hecho llegar sus
pliegos de defensa al Tribunal Constitucional. Entre otras
cuestiones, ambas instituciones alegan que el abogado del Estado no
tiene legitimidad para presentar este recurso. También recuerdan
que la Comunitat Autònoma tiene plenas competencias en materia de
ordenación del territorio, por lo que el Parlament estaba facultado
a aprobar una moratoria que frena la implantación de nuevas grandes
superficies hasta la redacción del plan de equipamientos
comerciales. Por último, Govern y Parlament recuerdan al
Constitucional que la moratoria comercial, por estricta definición,
es algo transitorio y no definitivo.