La orden dada por el Gobierno central a sus delegaciones autonómicas de rechazar todas aquellas solicitudes de residencia o trabajo presentadas desde el 14 de enero pasado afecta a cerca de 10.000 inmigrantes que residen en Balears de forma clandestina. La cifra, aportada por el Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE), es del todo estimativa, pero aumenta día a día, pues según el propio CITE «el ritmo de llegada a las Islas de nuevos inmigrantes no ha parado, ni tan siquiera se ha frenado, desde que el 31 de julio del año pasado se cerrara el último proceso de regularización».
El Centro de Información atiende cada día a unas 10 o 15 personas que acuden para informarse de la forma de tramitar los permisos, a sabiendas o no de las casi nulas posibilidades existentes. Por tanto, desde el CITE se afirma que «podemos hablar, como mínimo, de que cada día llegan al Archipiélago una media de entre 15 o 20 personas» en busca de un futuro mejor. La decisión gubernamental mencionada deja fuera a los inmigrantes de nacionalidad chilena y peruana, como ya informó la Delegación de Gobierno, por existir un convenio bilateral con el Gobierno español, aunque no son los países de mayor emigración hacia nuestro país.
Para el resto, esos 10.000 inmigrantes estimados, las posibilidades de lograr un permiso de trabajo son hoy casi nulas, «pues una vez que se ha aprobado ya la oferta de contingentes para este año, en unos casos para trabajos fijos y otros para eventuales, se considera que las ofertas de trabajo que pueda haber están cubiertas», se informó desde el CITE. «Tan sólo se deja un pequeño margen u oportunidad para, en el caso de que se detecte algún fallo en las previsiones realizadas en cualquiera de las comunidades, poder abrir un cupo complementario».
Donde sí quedan puestos de trabajo pendientes es el sector del servicio doméstico, donde «al no existir una patronal que aglutine o represente los intereses de éste no existe un diagnóstico claro de la demanda y, a día de hoy, el Gobierno aún no sabe de qué forma la piensa cubrir». Es decir, que el equipo de Gobierno del Partido Popular tiene pendiente el realizar un cálculo aproximado sobre la demanda no cubierta del servicio doméstico y una vez que lo tenga «debe decidir cómo se va a tramitar la llegada de contingentes de trabajadores». En todo caso, desde el CITE se tiene constancia de que «en principio, estas vacantes no se van a ocupar con personas que ya estén aquí residiendo y no tengan regularizada su situación».
Más aún, añadió la fuente, «cuando del proceso de regularización del año 2001 quedan cerca de 7.000 expedientes por resolverse y del proceso de 2000 quedan unos cuantos por tramitar». Es decir, que existe ahí una bolsa de trabajo muy importante que, junto a los contingentes, pasará por delante de las personas sin regularizar.
Santiago: «Tarde o temprano se tendrá que abrir otro
proceso»
El Govern balear cree que «tarde o temprano el Gobierno central
deberá abrir un nuevo proceso de regularización, porque cada vez
hay más inmigrantes ilegales trabajando en Balears y en todo el
Estado», declaró ayer la directora del Institut Balear d'Afers
Socials (IBAS), Josefina Santiago. Ésta aseveró que la nueva orden
dada por el Equipo de Gobierno del PP «fomentará aún más la
clandestinidad de los inmigrantes, porque lo que está claro es que
la mejor forma de controlar la inmigración es el propio mercado y
si siguen viniendo es porque hay trabajo». Santiago recordó que el
Ejecutivo balear «desde un principio ha estado en contra de la ley
de extanjería, porque, además de incumplir una serie de derechos
constitucionales, es de difícil cumplimiento, y la prueba de ello
es que siguen llegando inmigrantes, que como no se pueden
regularizar residen y trabajan de forma ilegal», añadió.