Las declaraciones del presidente de la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, Fernando Fernández de Trocóniz, del Partido Popular, en el sentido de que la mujer debía percibir una cantidad menor en su jubilación porque vive más años ha suscitado una enorme polémica y con razón, a pesar de que el secretario general de su partido, Javier Arenas, tuvo que quitar hierro al asunto asegurando que las manifestaciones se habían efectuado en clave de humor, pero que ni aún así eran admisibles. Arenas destacó, además, el desacuerdo con dichas manifestaciones.
En primer lugar, no puede ni siquiera pensarse en pasar por alto un derecho a la igualdad que recoge la misma Constitución. No se puede plantear en ningún caso una medida discriminatoria por razón del sexo de una persona. Pero es que además, tampoco pueden contemplarse las pensiones de jubilación desde un puro aspecto economicista, en razón del coste que supondrán en función de la esperanza de vida. Esto sería dejar al margen aspectos humanos y sociales de la mayor importancia.
No debemos olvidar que la pensión es un derecho adquirido con el trabajo de muchos años y que de lo que se trata es de garantizar que los ciudadanos, una vez que concluyan su tiempo de actividad laboral, puedan vivir con dignidad.
Es muy grave que un diputado con la responsabilidad de Fernández de Trocóniz se atreva siquiera a apuntar una postura semejante, por muy personal que ésta sea. Realmente, la Comisión del Pacto de Toledo y su presidente, tienen por delante la misión de establecer mecanismos para garantizar el futuro de las pensiones, pero nunca a costa de recortar derechos fundamentales. Si no tiene capacidad para ello, tal vez lo más lógico sería que dejase su cargo a otros.