El juez instructor del «caso Formentera» ya ha recibido la petición para que preste declaración como imputado Miquel Segura, supuesto autor, junto a su hija Mari Pau, de los informes investigados en el juzgado de instrucción de Eivissa y, posteriormente, en el Tribunal Superior de Justicia. Segura será interrogado la próxima semana en lo que supone la recta final de la causa, una vez conocido el auto del Tribunal Supremo que rechaza la querella criminal contra Jaume Matas y Rosa Estaràs presentada por el PSOE y EU. Las partes personadas consideran «clave» el contenido de la declaración que prestará Segura, y en base a ellas, el juez adoptará una decisión u otra.
Miquel Segura ya ha dado su versión de los hechos ante el juez de Eivissa y la comisión parlamentaria que investigó el supuesto incremento artificial del censo de Formentera con emigrantes de Balears en Argentina y Uruguay con el objetivo de que el PP ganase las elecciones en esa isla en 1999. Ante el fiscal, Segura se mantuvo en las declaraciones realizadas en la comisión de investigación del Parlament, según las cuales se trataba de informes personales que no se entregaron a ningún cargo. También tuvo que explicar detalladamente las relaciones profesionales que mantuvo con la ex consellera de Presidència y con el ex president Jaume Matas. Como su hija, Miquel Segura reconoció el texto de los documentos pero no el formato, los encabezamientos o el papel.
Por otra parte, las reacciones al auto del Supremo, cuyo contenido puede hacerse público hoy, continuaron ayer en la clase política. La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, consideró «obvia» la decisión del Supremo de inadmitir la querella al estar abierto un procedimiento penal en el TSJB. Munar aseguró: «Muchos sabíamos, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que esto iba a ocurrir, pero no nos pronunciamos para evitar malas interpretaciones».
«Hay que ir con cuidado a la hora de llevar un tema a los tribunales y, si finalmente se toma esa decisión, hay que hacerlo bien», añadió Munar, a cuyo juicio el Supremo ha hecho lo que cabía esperar al dejar el caso en manos del magistrado que lo instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Montserrat. Según Munar, cuando un asunto está en manos de la Justicia existe el peligro de que un trámite normal del procedimiento «se pueda interpretar como algo que no es».
El coordinador general de IU en Balears, Eberhard Grosske, opinó que el «caso Formentera» ya debería haber provocado la dimisión política de las personas implicadas, «independientemente» del dictamen final que establezca la Justicia y de las penas que se puedan derivar de este asunto. Grosske mantuvo que ciudadanos y políticos deben realizar un «juicio político» sobre el «caso Formentera» y, a estas alturas, «está claro para cualquier persona con una visión objetiva sabe que hubo un comportamiento moralmente muy reprobable y una utilización indebida de las instituciones con fines partidistas».