La Fiscalía de Balears no ve indicios de «la comisión de delito alguno» en la causa abierta por el PP en contra de la ex consellera d'Innovació i Energía, Misericòrdia Ramon, y del ex gerente del Parc Bit, Felio Morey, por los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias, y solicitó el archivo del denominado «caso Parc Bit». La causa se fundamenta en un supuesto contrato «blindado» firmado por Ramon a instancias de Morey, que contemplaba el pago de una elevada cantidad (unos 120 millones de pesetas) en caso de que fuese destituido del cargo de gerente.
Al descubrirse esa cláusula del contrato, Ramon presentó su dimisión y el PP instó la querella criminal por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias. El teniente fiscal de las Islas, Ladislao Roig, entregó ayer un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, en el cual desmonta todas y cada una de las alegaciones de la acusación, representada por el abogado Carles Perelló. La jueza había citado a las partes para que se ratificaran en sus distintas peticiones como paso previo previsto en el artículo 25 de Ley del Tribunal del Jurado, órgano que se pronunciará sobre la causa si, finalmente, la querella continúa adelante.
El fiscal señala que en el supuesto delito de fraude «difícilmente puede integrarse en un 'concierto' dirigido a 'defraudar a cualquier ente público', elementos éstos del tipo penal del delito de fraude tipificado en el artículo 436 del Código Penal», y añade: «Las condiciones contractuales en base a los cuales el señor Morey fue contratado como director general de "Parc Bit» y la posterior extinción de su contrato pueden calificarse de muy distinta manera y ser objeto de distinta críticas y reproches, pero no motivo de quedar incursas en un proceso penal». Recuerda, asimismo, que una auditoría de Ernst & Young a fecha 31 de diciembre de 2000 «no hace alusión alguna a posibles irregularidades».
Las defensas de los imputados se adhirieron a la petición del fiscal, mientras que la acusación se ratificó en la querella. El letrado del PP, incluso, afirmó a la jueza que habían surgido «datos nuevos» que apoyan la querella criminal, al tiempo que solicitó la comparecencia ante la jueza del secretario general de Organización del PSIB-PSOE, Damiá Cánoves, y del conseller Antoni Garcías.