El Govern quiere implicar a todos los ciudadanos y a las policías locales en la lucha contra la siniestralidad laboral. Con este fin se amplió el pasado mes de septiembre el ámbito competencial del Servicio de Emergencias 112 de forma que ahora atiende y tramita todas las llamadas que pueda recibir de denuncias procedentes de ciudadanos y las policías locales correspondientes a situaciones en las que la salud del trabajador se pueda ver en peligro, tanto de riesgos de accidentes como de enfermedades profesionales.
Carme Font, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, directora del Institut de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern, explica que desde que se puso en marcha el convenio de colaboración con el Servicio de Emergencias 112, el número de llamadas de ciudadanos denunciando situaciones de riesgo prácticamente se ha triplicado. «En sólo tres meses (de septiembre a noviembre de 2001), el Servicio de Emergencias 112 ha atendido un total de 182 llamadas de ciudadanos y policías locales», explica Carme Font.
«Técnicos de guardia analizan las llamadas recibidas y se trabaja, primero en las que puedan ser calificidas de urgentes, para ir analizando las denuncias por orden de prioridades», explica la directora del Institut de Salut Laboral. El sistema funciona desde que un ciudadano llama al 112 para denunciar riegos de accidentes laborales. El operario le pide una serie de datos, desde la situación que denuncia, como el lugar donde se produce y le hace una serie de preguntas sobre el riesgo, tales como si es grave o inminente, si considera necesaria hacerse la visita inmediata al lugar o, en caso contrario, si hay un margen de tiempo.
En función de los datos aportados por los ciudadanos, que no es preciso que se identifique, lo que abre la puerta a que el mismo trabajador pueda denunciar la situación de riesgo, el 112 lo califica y moviliza el personal que considera necesario para cada caso denunciado. A partir de ahí, y llegado el caso, se abre un expediente que puede acabar en una sanción, o el cierre del centro hasta que se resuelvan las deficiencias detectadas después de que se haya investigado la denuncia ciudadana.