La jueza que instruye el «caso del contrato blindado» instado por el PP en contra de la ex consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, y el ex gerente del ParcBit, Felio Morey, por los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias, ha citado a las partes para resolver si debe ser el jurado popular el que se pronuncie sobre la cuestión.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, quiere que el fiscal y los abogados comparezcan para reafirmarse en sus respectivas peticiones, después de que el Partido Popular (PP) de Balears, a través del abogado Carles Perelló, hubiese solicitado que un jurado popular falle sobre la causa. El escrito señala que tras las declaraciones prestadas por ambos querellados, «de las que se desprenden indicios racionales de la comisión de ambos delitos, y dado que éstos son competencia del Tribunal del Jurado, según los artículos H y J de la Ley del Jurado, se interesa que dicte (la jueza) una resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado», señala el letrado.
Tanto Ramon como Morey ya prestaron declaración, después de que la jueza aceptara a trámite la querella al considerar que los hechos denunciados por el PP «pueden ser constitutivos de un delito de fraude y de tráfico de influencias». En la primera declaración ante la jueza, Ramon admitió que fue el propio Morey el que redactó el contrato que incluía la polémica cláusula de una rescisión millonaria, de hasta 120 millones de pesetas, en caso de que éste fuese despedido.
Eso fue lo que, finalmente, ocurrió, pero Morey renunció a ser indemnizado con esa cantidad al pactar las condiciones de su cese con los dirigentes socialistas Antoni Garcías y Damià Cànoves. Fuentes del partido conservador consideran que existen «sospechas graves» de que el Govern condonó 120 millones de pesetas y «jugó con el dinero público de todos».