Parece que por fin Mallorca va a tener una moratoria con ciertos visos de seriedad, aunque de rebote Menorca y las Pitiüses se quedarán a dos velas. Las negociaciones entre la presidenta del Consell Insular mallorquín, Maria Antònia Munar, y el president del Govern, Francesc Antich, están discurriendo en un ambiente de cordialidad y coincidencia de criterios y se espera que las conversaciones lleguen a buen puerto. ¿Y cuál es ese puerto? Pues el consenso, la cordura y la garantía de futuro para Mallorca.
El camino que seguíamos hasta ahora, con una moratoria promovida desde el Consolat de la Mar y otra desde el Consell "que sólo afecta a Mallorca, lógicamente" no hacía sino confundir a la opinión pública y perjudicar a muchos ciudadanos interesados en poder acceder a una vivienda, además de afectar a constructores y promotores, que quedaban a expensas de la «guerra» que enfrentaba a las instituciones.
Una moratoria sirve para proporcionar a las autoridades competentes un margen de maniobra a la hora de diseñar el modelo de crecimiento que se desea. Una vez decidido, la moratoria pierde su sentido y debe dejar paso a una legislación que regule el asunto. Todavía no está muy claro cuál es ese modelo que se quiere imponer, pero parece que será una prioridad proteger el litoral "ya suficientemente destrozado, por desgracia" y aflojar la presión que se mantiene ahora sobre el territorio interior. Ojo, eso no significa que debamos convertir el centro de la Isla en una urbanización, pero sí se puede promover cierto crecimiento razonable, que permita dar respuesta a las necesidades de la población.
Las cosas están todavía en el aire, pero parece que, al menos, la dirección que han tomado es la adecuada. Ahora falta conocer y tener en cuenta la opinión de sectores implicados, desde constructores hasta ecologistas.