El Govern reconoció ayer que tiene dificultades para entregar la ayuda económica a los descendientes de emigrantes de Balears que residen en Argentina. La situación económica del país sudamericano, y especialmente las trabas para sacar dinero de los bancos argentinos, obligará al Govern a entregar individualmente a los emigrantes la ayuda económica que, en principio, debía repartir las casas de Balears en Argentina. «Estos problemas van a retrasar la entrega de la ayuda a los emigrantes», explicó Garcías tras el Consell de Govern.
El Ejecutivo aprobó hace unos días una ayuda extraordinaria de diez millones de pesetas para los emigrantes de Balears que residen en Argentina "así como a sus descendientes" para paliar los problemas económicos que padecen desde hace varios meses. Asimismo, el conseller Antoni Garcías expresó ayer la intención del Govern de facilitar los trámites burocráticos a todos aquellos argentinos que quieran venir a Balears. El portavoz del Ejecutivo también comentó que existe una petición de las casas de Balears del exterior para modificar el Código Civil español con el fin de que los descendientes de españoles no pierdan la nacionalidad si la ascendencia procede por parte de madre, lo que no ocurre en el caso del padre.
La legislación española es muy similar a la germana, según Garcías, quien recordó que el Govern ha remitido escritos al Ministerio de Justicia para que reforme el Código Civil porque «éste es uno de los problemas graves, por lo que se debe cambiar la norma». Antoni Garcías dijo que la Conselleria de Presidència actúa como «un consulado» para intentar ayudar a los emigrantes.
Al margen de este asunto, el Consell de Govern aprobó ayer una subvención de 681.000 euros para el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Esta aportación, que incrementa en 20.000 euros la cantidad dada el año pasado, servirá para que el Fons pueda hacer frente a los gastos derivados de su funcionamiento durante el año 2002.
Además, el Consell de Govern aprobó el proyecto de ley de subvenciones, texto que establece el régimen jurídico de estas ayudas en el ámbito de la Comunitat Autònoma y que será de aplicación por el Govern y los entes públicos dependientes: los consells insulars cuando ejerzan competencias atribuidas por la Comunitat Autónoma y los consorcios cuando la financiación la haya aportado mayoritariamente el Govern. Para ello se creará un registro público de subvenciones, y se publicarán en el BOIB todas las subvenciones individuales con una cuantía igual o superior a los 6.000 euros.