El grupo popular denunció ayer «la incapacidad del Govern» para resolver todos los problemas económicos que padece Balears y tachó al president de «poco fiable» al aprovecharse de los sectores económicos de Balears «para hacerse fotos» tras los atentados del 11 de septiembre. El portavoz del grupo popular, José María González Ortea, recordó que el paro en Balears ha crecido por encima de la media nacional, mientras las previsiones de crecimiento del PIB también son pesimistas.
Asimismo, Ortea lamentó que el endeudamiento del Govern también sea superior al resto de comunidades autónomas. «Las actuaciones del Govern en los últimos años han provocado datos negativos en materia de turismo, como el descenso en la llegada de turistas, en el número de pernoctaciones y en los ingresos reales del sector», acusó el portavoz del grupo popular.
González Ortea aseguró que Antich «no se ha dado cuenta de la situación económica que vive Balears» y criticó con dureza que el president «engañase una vez más a los empresarios de las Islas». En materia turística, el grupo popular aseveró que «nunca en la historia de Balears se había producido un divorcio tan absoluto entre los empresarios del sector y los responsables públicos de la política turística». González Ortea aseguró que el relevo de Lluís Socías como jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme «era algo cantado» y el presidente del grupo popular reflexionó sobre los numerosos cambios que se han producido en la cúpula del departamento que dirige Celestí Alomar.
Por otro lado, González Ortea lamentó la «escabechina» de altos cargos del anterior Insalud en el nuevo organigrama sanitario que ha diseñado la consellera de Sanitat, Aina Salom. El PP criticó que Salom «haya echado a la calle a la mayoría de los directivos del Insalud» y reprochó que la responsable sanitaria del Govern «no haya encontrado a las personas que deben ocupar las cinco direcciones generales tras su remodelación». El grupo popular, que se reunió ayer para preparar el próximo periodo de sesiones, cuestionó la inseguridad jurídica en materia urbanística que existe en Balears.