Alrededor de 40 fiscales de toda Balears están convocados hoy a una junta que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) con el «caso Formentera» como eje central de las deliberaciones. El fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, quiere escuchar todas las opiniones antes de perfilar el escrito de conclusiones que elaborará en torno a la supuesta trama de captación irregular de votos entre emigrantes de Balears en Argentina y Uruguay organizada, al parecer, por el PP.
La junta adquiere más relevancia tras el informe contrario a que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella criminal presentada por el PSOE y EU en contra del ministro de Medio Ambiente y ex president del Govern, Jaume Matas, la diputada nacional Rosa Estaràs, y otras doce personas, todas ellas vinculadas de una forma u otra al PP, emitido por el fiscal del Supremo Jose María Luzón. El informe sobre el «caso Formentera» elaborado en un primer momento por el fiscal de Eivissa, Antoni Torres, y refrendado por el fiscal jefe de Balears, reflejaba «indicios suficientes» para que el Tribunal Supremo se declare competente para investigar la causa. Para ello, tendría que haber existido el apoyo de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, que por ahora no se ha producido.
El Ministerio Público de las Islas envió el pasado verano una extensa documentación al fiscal general, Jesús Cardenal, para que decidiese el futuro de la instrucción. Este, sin embargo, dio órdenes concretas para que la instrucción se siguiera desarrollando en Balears, primero en el juzgado de Eivissa y, posteriormente, en el TSJB, donde sigue su curso a la espera de agotar todas las diligencias.
El fiscal Luzón argumentó en su escrito para oponerse a la admisión a trámite de la querella criminal que «para realizar al mismo tiempo propaganda política (en los viajes institucionales organizados por el PP) podrá considerarse estética e incluso éticamente como reprochable, pero en modo alguno puede constituir un delito electoral, ni un delito de malversación al no acreditarse que tal actividad de captación de votantes supusiera un gasto adicional». La acusación, por su parte, criticó la «ligereza» con la que había pronunciado sobre el tema la Fiscalía del Supremo y expresó su confianza de que la postura de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que debe pronunciarse sobre la admisión a trámite o no de la querella criminal, será «totalmente diferente».