Ya tenemos las competencias en Sanidad y, por lo que se ve, el balance de lo conseguido no es demasiado halagüeño. Hasta los telediarios nacionales lo han proclamado: «Balears sigue siendo la gran perjudicada en la negociación para el traspaso de las competencias sanitarias». O sea, más de lo mismo. Podrá argumentarse que el Govern central ha adoptado una postura de extrema rigidez; que ha faltado experiencia negociadora por parte de nuestros dirigentes políticos autonómicos; que partíamos de un déficit histórico... Seguramente es algo que nunca sabremos con certeza, pero lo que sí tenemos claro es que otras autonomías han conseguido arrancar más millones de los pactados inicialmente y la nuestra se ha quedado a medio gas.
Pero eso no es todo y ni siquiera es lo peor. Los casi treinta mil millones comprometidos en la reforma de Son Dureta y la construcción de nuevos centros en Inca y Maó se han volatilizado y ahora el Govern tendrá que asumir estos gastos en solitario.
En su día, cuando transcurría la negociación, el equipo de Antich se negó a financiar al cincuenta por ciento estos proyectos y exigió que Madrid asumiera todo el esfuerzo. Ahora, con las competencias en la mano, será el Consolat de Mar quien deba hacerlo en solitario. Balears estuvo siempre por detrás del resto del país y ésta era la oportunidad para colocarnos a la altura de las comunidades mejor dotadas. Pero no ha podido ser. El Gobierno central, en su afán por quitarse de encima todas las competencias sanitarias antes de que acabase el año, ha impuesto sus duras condiciones. A las comunidades autónomas no les ha quedado más remedio que pasar por el aro. Había poco que negociar. A lo sumo se podía arañar algunos millones. Quizá algunas autonomías han tenido más suerte o lo han hecho mejor. Pero ya no hay vuelta de hoja. Ahora sólo cabe esperar que estas nuevas competencias sanitarias se gestionen con eficacia y que los ciudadanos puedan comprobar que el cambio ha sido para mejorar.