La acusación en la causa que se sigue contra la ex consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, y el ex gerente del ParcBit, Felio Morey, por los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, que dicte una resolución para que sea el jurado popular el que se pronuncie sobre la cuestión.
El Partido Popular (PP) de Balears, a través del abogado Carles Perelló, presentó un escrito en el que afirma que tras las declaraciones prestadas por ambos querellados, «de las que se desprenden indicios racionales de la comisión de ambos delitos, y dado que éstos son competencia del Tribunal del Jurado, según los artículos H y J de la Ley del Jurado, se interesa que dicte (la jueza) una resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado», señala el letrado.
El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma instruye la querella presentada por el PP contra Ramon y Morey, quienes ya prestaron declaración ante la jueza. El auto del Juzgado aceptó a trámite la querella ya que considera que los hechos denunciados por el PP «pueden ser constitutivos de un delito de fraude y de tráfico de influencias».
En la primera declaración ante la jueza, Ramon admitió que fue el propio Morey el que redactó el contrato que incluía la polémica cláusula de una rescisión millonaria, de hasta 120 millones de pesetas, en caso de que éste fuese despedido. Eso fue lo que, finalmente, ocurrió, pero Morey renunció a ser indemnizado con esa cantidad al pactar las condiciones de su cese con los dirigentes socialistas Antoni Garcías y Damiá Cánoves.
Fuentes del partido conservador consideran que existen «sospechas graves» de que el Govern condonó 120 millones de pesetas y «jugó con el dinero público de todos». Según el PP, «a los 23 millones de pesetas que el conseller d'Energia, Príam Villalonga, reconoció que se le habían abonado a Morey, debe añadirse otra partida de dos millones de pesetas por un curso que duró dos días».
El secretario de organización del PSOE, Damià Cànoves, asegura, por su parte, que es «normal» que el Juzgado haya iniciado la instrucción porque es un procedimiento «lógico». Opinó que la querella presentada por los populares no tiene ningún fundamento, pero también precisó que es normal que el Juzgado haya tomado declaración tanto a Felio Morey como a la ex consellera Misericòrdia Ramon.