El Govern tiene previsto modificar su moratoria para introducir ajustes en las regulaciones referidas a los cupos en suelo rústico. Todos los representantes del Ejecutivo consideran que los cupos que fija la moratoria no son los más adecuados, por lo que han decidido establecer este cambio a través de la aceptación de alegaciones en esta línea. Por lo que respecta a Mallorca, la moratoria aprobada por el Consell obligaba a los ayuntamientos a dar un máximo de 243 licencias en suelo rústico durante el segundo semestre del año, exactamente la misma cantidad de licencias que se habían concedido durante el primer semestre. El problema estriba en que la moratoria decía de forma expresa que sólo podrían conceder nuevas licencias los ayuntamientos que ya hubieran otorgado alguna durante el segundo semestre.
Además, el cupo se limitaba exactamente al número de autorizaciones que hubieran concedido hasta ese momento. Esta disposición ha sido considerada injusta por todos los grupos políticos del Govern, ya que prima precisamente a los ayuntamientos que más licencias han concedido y castiga a aquellos que han sido más proteccionistas. Por esta razón, en la modificación que prepara el Ejecutivo con el acuerdo de todos los partidos establece otro criterio de reparto del cupo para el año que viene. Entre las posibilidades que estudiaba el Ejecutivo figuraba la posibilidad de que sean los consells insulars quienes decidan los criterios de reparto, dado que son ellos la máxima autoridad urbanística. Falta por definir qué criterios seguirían los consells a la hora de establecer el reparto de los cupos entre los distintos ayuntamientos.
De hecho, el Govern trabaja en la modificación de su moratoria en caso de que no prosperen las negociaciones que se siguen manteniendo con los responsables del Consell y, en particular, con Unió Mallorquina. Lo que el Govern negocia es que sea el Consell quien modifique su moratoria e incorpore estas disposiciones. A pesar de que algunas fuentes aseguran que las negociaciones van por buen camino y no descartan que haya acuerdo antes de que concluya el año, otras aseguran que las conversaciones siguen su ritmo, pero descartan cualquier posibilidad de acuerdo antes de las fiestas.
El Consell tiene hasta el próximo día 26 de enero para ratificar la moratoria y para introducir las posibles modificaciones, aunque un cambio de este tipo obligaría a someter la norma a un nuevo periodo de exposición público. Por eso no se descarta que el pleno ordinaria de enero, previsto para el día 14 de ese mes, permita o bien aprobar la moratoria tal como está o bien aprobarla con modificaciones, en caso de que Pacte y UM lleguen a un acuerdo.