La ex consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, declaró ayer en calidad de imputada ante la juez que el ex gerente del ParcBit, Felio Morey, cobró 22 millones de pesetas en el año y medio en que ejerció ese cargo. Morey, en cambio, que también declaró como imputado en la querella criminal presentada contra ambos por el PP por los supuesto delitos de fraude y tráfico de influencias, lo negó. Morey, además, declaró a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, que el conseller de Presidència, Antoni Garcias, y el secretario general de Organización del PSIB-PSOE, Damià Cànoves, le comunicaron que estaba destituido y que «debía dimitir».
Ramon dimitió del cargo en enero pasado por extender un contrato que incluía un blindaje multimillonario para Morey, que obligaba a la parte que rompiera la relación a indemnizar a la otra con la cantidad que restara de un contrato por diez años con salario anual de 12 millones, cifra que en su caso suponía el pago de 112 millones. Aunque Morey también dimitió, finalmente se llegó a un acuerdo por ambas partes para que no se pague esta indemnización. Eduardo Valdivia, letrado de Ramon, declaró que no existe «nada punible» en este caso y que todo obedece a una «clara maniobra política del PP para compensar lo que está ocurriendo en el TSJB y en el Tribunal Supremo con el caso Formentera».
El abogado del PP, Carles Perelló, por su parte, confirmó que la juez ha admitido a trámite la petición de que declaren en calidad de testigos el actual conseller d'Innovació i Energia, Príam Villalonga, y los miembros del consejo de administración del ParcBit.