El Govern dispone de tan sólo tres semanas para que el Parlament convalide su moratoria urbanística y ésta no decaiga. Según la Ley de Ordenación del Territorio, el Parlament debe dar validez a la moratoria que aprobó el ejecutivo el pasado 3 de agosto, ya que es este mismo órgano el encargado de aprobar la reforma de las Directrices que motivó la presentación de la moratoria. El plazo para convalidar la propuesta es de seis meses, de forma que el Ejecutivo dispone hasta el 3 de febrero para hacer efectiva esta convalidación.
Sin embargo, el mes de enero no es hábil a efectos parlamentarios, por lo que el Govern sólo dispone de estas tres semanas para tratar de conseguir el apoyo de Unió Mallorquina a su propuesta de moratoria. Si además se tiene en cuenta que el orden del día de la próxima semana ya está cerrado y que durante la tercera semana del mes se dedica de forma exclusiva a la aprobación de los presupuestos, sólo queda libre la semana comprendida entre el 24 y el 30 de diciembre, precisamente la semana de fiestas.
Si el Govern se mantiene en su intención de aprobar la moratoria de agosto, no tendrá otro remedio que solicitar la celebración de un pleno extraordinario durante el mes de enero. Incluso en ese caso , a menos que solicite una tramitación por lectura única, la aprobación de la moratoria requerirá de los trámites ordinarios de ponencia, comisión y pleno. Más allá del problema de tiempo del Govern, este retraso a la hora de presentar un proyecto de ley en el Parlament se debe a las discrepancias surgidas con Unió Mallorquina como consecuencia de esta norma cautelar del Ejecutivo.
Los representantes de Ordenació del Territori de Govern y Consell llegaron a cierta base de acuerdo por la cual el Govern accedía a que su moratoria quedara en vía muerta siempre que, a cambio, el Consell incorporara a la suya las disposiciones de suelo rústico que incluía la del Govern. Los responsables del Consell, sin embargo, no parecen estar muy dispuestos a aceptar esta modificación en la moratoria que, según dicen llevaría implícito un nuevo periodo de exposición pública que a su vez retrasaría todo el trabajo realizado en el marco del Plan Territorial de Mallorca. En el supuesto de que el Govern pida un pleno extraordinario para convalidar la moratoria necesitará los votos de los diputados de Unió Mallorquina para que ésta salga adelante.