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Munar mantiene el interés por Raixa y recuerda que dispone de dos meses

El Consell puede ejercer el derecho de tanteo en nombre del Ministerio

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La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, reiteró ayer el interés de la institución por hacerse con la propiedad de Raixa y señaló que el Consell de Mallorca dispone ahora de dos meses de plazo para ejercer su derecho de tanteo, una vez que la opción de compra ya está tasada en 1.400 millones de pesetas. Para ejercer este derecho, el Consell deberá poner primero los 340 millones de pesetas de diferencias que existen entre la tasación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente "1.060 millones de pesetas" y los 1.400 millones de pesetas que ha firmado la diseñadora alemana Jil Sander en concepto de opción de compra.

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunitat establece que el derecho de tanteo y retracto sobre un edificio calificado de Bien de Interés Cultural (BIC) puede hacerlo el Consell de Mallorca o, de forma subsidiaria, el Govern balear. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ninguna opción para poder ejercer por su cuenta este derecho. Sin embargo, la ley de Patrimonio de Balears deja abierta la puerta a que sea el Ministerio quien ejerza esta posibilidad ya que su artículo 32.3 asegura que el Consell de Mallorca o el Govern podrán ejercer este derecho «en beneficio de otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, en las condiciones que en cada caso sean establecidas». Es decir, que la puerta está abierta para que el Ministerio pueda hacerse finalmente con la finca.

En cualquier caso, la presidenta del Consell ya dijo desde el primer momento que consultará con los demás partidos el interés de la institución insular por hacerse con este patrimonio. Algunas fuentes han señalado que el PSM no está muy de acuerdo con la obligación de pagar 340 millones de pesetas, pero tampoco se descarta del todo esta posibilidad. En cualquier caso, por el momento el Consell ya ha acordado aportar 50 millones de pesetas de su presupuesto a la Fundación Parques Nacionales, que es el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que se haría con la propiedad de la finca. Ahora será necesario volver a negociar con los demás partidos ya que los 200 millones que inicialmente debía aportar el Consell han pasado a ser 340 tras la opción de compra.

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