El juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, interrogó ayer a dos testigos, Ignacio Deyá y Marilena Jover, en la investigación que desarrolla para conocer si hubo prevaricación en la contratación de Maria Pau Segura, la supuesta coautora de los informes vinculados a emigrantes de Balears en Argentina y Uruguay.
Las circunstancias que rodearon la contratación del personal que prestó sus servicios en el departamento de Promoción Comercial, acapararon el interés del magistrado y las partes personadas en la causa que investiga en el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) la supuesta trama organizada por el PP para incrementar de forma artificial, supuestamente, el censo electoral en Formentera.
Promoción Comercial, departamento dependiente del Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IBDI), creó en 1998 tres nuevas plazas, una de ellas ocupada por Maria Pau Segura. Uno de los requisitos para acceder al puesto de traductora era el dominio del idioma ruso, cuestión que sólo pudo acreditar, en parte, Maria Pau Segura, que ha admitido la irregularidad administrativa que el anterior Govern del PP cometió al contratarla sin una entrevista previa. Deyá representaba en el consejo de administración el IBDI a la Conselleria d'Economia i Hisenda y Jover a Presidència. Ambos respondieron a la mayoría de preguntas aduciendo que «no recordaban» los hechos por los que eran interrogados por el magistrado y las partes personadas.
El juez investiga la comisión de varios delitos, entre ellos, una posible falsedad en cuanto a la entrevista que se realizó para la contratación de Segura; una posible prevaricación en su contratación; una posible malversación de caudales públicos y un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. La tercera persona citada ayer, Juan Sastre, no se presentó ante el juez al alegar que no había recibido la pertinente convocatoria.