Los juristas se quejan de la excesiva pasividad que las administraciones públicas demuestran a la hora de actuar con contundencia para defender el medio ambiente. Esta fue una de las ideas que quedaron claras en el foro de debate de las Jornadas sobre Medio Ambiente que la Asociación de Juristas de las Illes Balears celebra este fin de semana en Alcúdia. Fue el magistrado del Tribunal Constitucional Tomás Vives el que cuestionó los procedimientos legales que se siguen para vigilar el cumplimiento de la legislación medio ambiental.
Vives considera que se está usando menos derecho penal del necesario para defender el medio ambiente y que se usa mal. En este sentido plantea que «la vía penal no puede ser la primera ratio. Los jueces no podemos asumir lo que la administración no hace». De esta manera dejó entrever que las administraciones deberían actuar haciendo cumplir la ley antes que esperar que la justicia actue de oficio. «Lo primero que se tiene que conseguir es que la administración funcione. No puede encogerse de hombros y esperar que el derecho penal solucione los problemas», dijo Vives.
En este debate también participaron el jefe de los servicios jurídicos del Govern, Pere Aguiló, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal y Antonio Vercher, fiscal del Tribunal Supremo. Todos ellos destacaron el fuerte desarrollo que ha experimentado la elaboración de jurisprudencia en favor de la protección del medio ambiente. A pesar de esta cantidad de armas legales los especialistas en derecho dejaron constancia de que, en muchos casos, los textos legales no dejan bien resueltos la definición de los delitos contra el medio ambiente.
En esta línea también se planteó precisamente los problemas que genera la normativa existente ya que tanto la Administración central como las autonómicas tienen potestad para legislar en materia de medio ambiente. Esta multiplicidad, según Tomas Vives, puede vulnerar el principio de igualdad expuesto en la constitución. Esta diversidad de regulaciones implica que determinadas conductas sean delictivas en unas regiones y en otras no. La falta de voluntad política para actuar se volvió a sacar a la luz por la tarde en el debate que protagonizaron la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, el activista de Greenpeace, Xavier Pastor y el abogado Pedro Pablo Marrero.
Rosselló reconoció que los políticos adoptan las propuestas medioambientales «de forma cosmética» pero que no llegan a aplicarlas. Defendió que existe un importante vacío en las Islas en materia de legislación ambiental y que las leyes estatales existentes son en muchos casos obsoletas. También señaló que la administración autonómica aún no dispone de los recursos suficientes para aplicar estas leyes.