El Govern ha incluido en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2002 desgravaciones fiscales por la compra de libros, deducciones para pensionistas con más de 65 años y ventajas en el IRPF por los gastos de conservación de fincas situadas en áreas de protección. En concreto, la ley que será remitida al Parlament introduce una nueva deducción sobre la cuota íntegra del IRPF por el concepto de gastos en libros de textos para alumnos que tengan entre 3 y 18 años. En la declaración del año próximo, que deberá presentarse en 2003, se podrá deducir del impuesto el 50 por ciento de los importes del coste de los libros, con un límite de 8.000 pesetas. Con esta medida, el Govern considera que ya ha cumplido con su promesa de establecer la gratuidad de los libros de texto en Balears.
Según el texto aprobado por el Ejecutivo, las degravaciones variarán en función de los ingresos familiares. La aplicación de esta deducción exigirá que la parte general de la base imponible del impuesto previa a la aplicación del mínimo personal y familiar no supere la cuantía de 4 millones en tributación conjunta y de 2 millones en tributación individual. La medida beneficiará a unos 138.546 estudiantes y supondrá un coste para el Govern que oscilará entre los 500 y 700 millones de pesetas. Además de esta deducción, que no ha sido aplicada en ninguna otra comunidad autónoma hasta el momento, el Govern ha decidido aumentar en un 50 por ciento las compensaciones fiscales para pensionistas con más de 65 años. En concreto, se incrementa en 2.000 pesetas la deducción que ya está en vigor hasta alcanzar las 6.000 pesetas como máximo por pensionista. Para tener derecho a esta deducción hay que disponer de unos ingresos familiares por debajo del millón y medio de pesetas.
Por último, el Ejecutivo autonómico ha decidido compensar fiscalmente a los titulares de fincas o terrenos incluidos en parques naturales, reservas naturales y monumentos naturales, que podrán acogerse a una deducción de los gastos de conservación y mejora de sus propiedades del 50 por ciento. Para tener derecho a esta deducción al menos un 33 por ciento de la extensión de la finca deberá quedar incluida en una de estas áreas protegidas. Esta deducción beneficiará a unos 4.000 propietarios. El Govern también ha incluido en la ley de acompañamiento una tarifa singular para los juegos de promoción del trote con un tipo del 18 por ciento, del que un 61 por ciento se dedicará en exclusividad a la promoción del trote.
En concreto, el Govern tiene previsto ingresar unos 600 millones de pesetas por esta tarifa, de los que 200 serán ingresos para las arcas del Govern y otros 400 se dedicarán a la promoción del juego. Según los cálculos del Govern, la lototrote deberá mover entre 10.000 y 15.000 millones al año para poder recaudar los 600 millones previstos. Sin embargo, el Ejecutivo cree que con la lototrote no se corre el peligro de fomentar la ludopatía en Balears «porque nada tiene que ver con las máquinas tragaperras». Por otro lado, el Consell de Govern aprobó el proyecto de ley del sistema de financiación de los Consells Insulars que sustituirá al actualmente en vigor y que fue presentado el miércoles. El nuevo modelo adopta como cifra de partida la dotación prevista para los Consells Insulars en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2000, lo que supone un incremento del 196 por ciento respecto al año anterior.
El Govern pide el mismo trato que Canarias en el
problema aéreo
El Ejecutivo balear pidió ayer al Gobierno central «el mismo trato»
que las Islas Canarias en su política de transporte aéreo, por
cuanto el archipiélago canario ya cuenta con la declaración de
servicio de interés público de los vuelos entre sus islas y con la
península. El portavoz Antoni Garcías dijo, tras la reunión del
Consell de Govern, que el Ejecutivo balear pedirá al Estado «las
veces que sean necesarias» esta declaración para los vuelos de las
Islas Baleares. Ante una situación «preocupante» por el recorte de
la operatividad de las compañías aéreas y la subida de tarifas,
esta declaración es un «clamor, no ya del Govern , sino de la
sociedad balear».