El Govern introducirá una enmienda en los presupuestos para suspender la aplicación de la ecotasa. La intención inicial del Ejecutivo era aprobar hoy mismo un artículo en la ley de acompañamiento de los presupuestos del año próximo para aplazar la entrada en vigor del impuesto, pero finalmente se ha optado por realizar los cambios durante la tramitación parlamentaria de la ley, que comenzará a partir del día 30 de este mismo mes. La fórmula que se escogerá va a ser, por lo tanto, la presentación de una enmienda, que será consensuada por todos los grupos del Pacte y que será presentada por el PSOE.
Un miembro del gabinete balear reconoció ayer que resultaba «un poco precipitado» incluir la suspensión provisional de la ecotasa en la ley de acompañamiento que será aprobado hoy al Consell de Govern. De hecho, el Ejecutivo ya tenía redactado el artículo que regulaba, como medida excepcional, la suspensión de la ecotasa durante un año, una posibilidad que ya anticipó el propio president Antich. Los consellers Mesquida y Alomar analizaron el texto de un artículo que, al final, no se incorporará al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos.
La decisión del Govern supone un importante gesto político y un nuevo acercamiento al sector hotelero en plena crisis mundial. El Ejecutivo ya sabe que difícilmente el Tribunal Constitucional levantará la suspensión del impuesto antes del 30 de diciembre, la fecha límite para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la ecotasa, pero desea que la hipotética aplicación de la ecotasa no suponga un nuevo problema para el sector turístico, cuyo futuro es incierto tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Unió de Pagesos y el Grupo de Ornitología Balear (GOB) y Defensa de la Naturaleza reclamaron ayer al president Antich que no suspenda la aplicación de la ecotasa, lo que en opinión de ambas organizaciones sería un error. En una nota de prensa, estas entidades señalan que es una «muestra de incoherencia del Govern la posibilidad anunciada por Antich referida a que la ecotasa podría quedarse sin aplicación, sobre todo tras la fortísima defensa que se ha hecho de esta iniciativa frente a la sociedad».
El presidente del grupo parlamentario popular, José María González Ortea, señalaba ayer que las compañías aéreas están dispuestas a aumentar frecuencias en Balears, «pero piden compensaciones. Visto cómo se está comportando el Govern, que no coge el toro por los cuernos, si no saben arreglar la situación que se quiten y que nos dejen al PP, que lo haremos tal y como sucedió hace dos años. Una opción más inteligente que pedir la declaración de vuelos de interés público, ya que esta medida beneficiaría a una sola empresa adjudicataria y perjudicaría al resto». Pese a afirmar que el PP apoya esta declaración, criticó al Govern porque «pretende «utilizarla como arma de presión para obligar a las aerolíneas a cumplir con determinadas frecuencias». Antich refutó las declaraciones de González Ortea afirmando que la declaración de servicio público «no significa dar el monopolio a nadie. Lo que tiene que hacer González Ortea es preocuparse por los efectos de los recortes de frecuencias, tal y como hizo con los efectos de la ecotasa».