El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central contra la ley de comercio de Balears, confirmando su suspensión.
Como pidió el recurrente, el presidente del Gobierno, José María Aznar, la ley autonómica balear se mantendrá suspendida hasta la resolución del Tribunal Constitucional o, si la sentencia se demora demasiado, hasta que el propio TC dictamine en un plazo no superior a cinco meses si mantiene o no las medidas cautelares. Este mismo mecanismo se aplicó con la ley balear reguladora de la denominada «ecotasa», también recurrida por el Gobierno central.
La suspensión de la ley de comercio supone para el Govern un problema añadido dado que la moratoria para la construcción de grandes superficies finaliza en enero. La nueva ley de comercio regula precisamente la construcción de grandes superficies comerciales. Precisamente el martes señaló el coordinador del PP de Balears y ex conseller de Agricultura i Comerç, Josep Juan Cardona, que su partido propone ampliar la moratoria. Cardona alertó de que, en el momento de que finalice la moratoria, existe el riesgo de que se produzca una avalancha de peticiones «y eso significaria un desequilibrio importante para el sector».
Por su parte, el conseller de Comerç i Indústria, el nacionalista Pere Sampol, advirtió que hay 20 proyectos de grandes superficies que pueden aflorar al suspenderse la ley y volvió a criticar que se presentara el recurso ante el Tribunal Constitucional. El Govern prepara las alegaciones contra la suspensión de la ley.