El presidente de la Associació per a la Defensa del Llevant de Mallorca, Mariano Servera, pidió ayer «responsabilidades políticas» dentro de la Conselleria de Medi Ambient por la que calificó «negligente actitud» ante la polémica de los pozos.
El Plan Hidrológico Nacional incluye, en una disposición transitoria, la obligación de todos los propietarios de pozos anteriores a 1985 de incluirlos en el Catálogo de Aguas Privadas. Este requisito afecta a unos 20.000 pozos de las Islas y no se hizo público hasta que lo publicó este diario.
Desde la Conselleria se argumentó que ya habían avisado a los propietarios «pero lo cierto es que hace dos semanas apenas se habían tramitado 100 solicitudes» según Servera.
Para el presidente de la asociación «debería haber consecuencias políticas» dentro del Govern porque, aunque es cierto que el plan hidrológico es una normativa estatal, «las competencias en recursos hídricos están transferidas a la comunidad».
En este sentido Servera recordó que el director general de Recursos Hídrics, Antonio Rodríguez, no comunicó nada a los propietarios hasta hace quince días y que el plazo acaba el próximo 26 de octubre. «Ya sólo quedan ocho días hábiles para que se cumpla el plazo y a partir de entonces todos aquellos que no quieran perder los derechos de explotación tendrán que tramitar la solicitud como si fuera un pozo de nueva creación y pagar cerca de 300.000 pesetas», señaló.
>