El Consell de Mallorca tan sólo ha podido imponer 123 multas por indisciplina urbanística a pesar de que tiene constancia de la existencia de más de 30.000 viviendas ilegales diseminadas por el campo mallorquín. La competencia para controlar el urbanismo ilegal es de los ayuntamientos, pero pese a ello el Consell también ha actuado en algunas ocasiones. De hecho, la llegada del Pacte de Progrés a la institución insular fue un revulsivo a la hora de actuar en materia de disciplina urbanística. Hasta 1997, tan sólo se habían impuesto cinco multas por indisciplina urbanística. A partir de entonces, el número de sanciones comenzó a aumentar. Lo mismo cabe decirse de los expedientes en materia de disciplina urbanística iniciados. En 1990, se iniciaron 103 expedientes que fueron descendiendo progresivamente hasta 1994, año el que sólo se abrieron 28 expedientes.
En 1995, el número de sanciones llegó a 103 y se ha mantenido con altibajos hasta los 128 expedientes por disciplina que se iniciaron durante el año pasado. También resultan significativos los datos sobre los expedientes en tramitación, que han ido aumentando progresivamente desde los 29 de 1990 hasta los 268 expedientes que se estaban tramitando el año pasado. En la última década, el Consell ha iniciado 840 expedientes en materia de disciplina urbanística. El último dato de interés en materia de disciplina urbanística es el referido a la cuantía de las multas impuestas por la institución. El Consell ingresó 673.201 pesetas en 1990 y 4.663.389 pesetas un año más tarde. Hasta 1997 no vuelve a haber ingresos por sanciones y ese año se recaudaron 8.229.420 pesetas. A partir de entonces, la evolución es espectacular y se llega a 104'7 millones en 1998; 125'5 millones en 1999 y 77'6 millones en 2000.
En cualquier caso, las intervenciones del Consell en materia de disciplina urbanística son excepcionales ya que la competencia en la materia corresponde a los ayuntamientos, que en muchas ocasiones hacen la vista gorda ante las infracciones que cometen los vecinos del municipio ante la impopularidad que supone imponer una multa y obligar a demoler lo construido sin permiso. Esta es la razón que ha empujado al Consell a anunciar un incremento en los servicios de disciplina urbanística del Consell. La presidenta de la institución, Maria Antònia Munar, incluso ha propuesto la creación de una nueva figura, el Síndic del Territori, que regule las cuestiones relacionadas con la materia y pueda actuar cuando quede probado que los alcaldes o los servicios de urbanismo de los ayuntamientos hacen dejación de sus funciones.
El resto de partidos del Pacte no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta de creación de esta nueva figura que estaría ocupada por una persona independiente de reconocido prestigio profesional, según la propuesta lanzada públicamente por la presidenta de la institución. Una de las funciones de este Síndic sería analizar qué se hace con las 30.000 viviendas ilegales que hay construidas por todo el territorio mallorquín, la mayor parte en parcelas que no cumplen los metros mínimos establecidos por el Consell de Mallorca para poder ser urbanizadas.