El Govern y Unió Mallorquina han llegado esta semana a un acuerdo sobre el modelo de financiación de los consells para los próximos cinco años y que supondrá que, por primera vez en la historia de la Comunitat, las instituciones insulares dispondrán de una ley que regule con diversas variantes los ingresos que recibirán cada una de ellas. El Govern tiene prisa por aprobar esta ley cuanto antes, así que no se descarta que el texto se presente en un próximo Consell de Govern para que esté en vigor el año que viene. El nuevo modelo parte de la financiación que recibieron los consells en el año 2000 y no incorpora una mejora en las condiciones económicas. Pese a ello, el partido que preside Maria Antònia Munar ha aceptado el modelo ya que elimina la arbitrariedad del Govern a la hora de repartir sus ayudas entre los consells.
El responsable de las finanzas del Consell de Mallorca, Miquel Àngel Flaquer, consideró que es positivo que se fije por ley el sistema de financiación de las instituciones insulares, si bien reconoció que al Consell le habría gustado que el Govern presentase algún tipo de mejora económica. «Hemos optado por no bloquear una ley de suma trascendencia», señaló Flaquer. El nuevo modelo parte de una complicada formulación matemática en la que se combinan una serie de variables que dan como resultado la cantidad de dinero que corresponde a cada una de las instituciones insulares. Entre las variables se encuentra la población, el territorio y el déficit de servicios de cada una de las Islas. Este nuevo modelo crea dos fondos diferentes. El primero de ellos ha sido bautizado con el nombre de Fondo Insular de Financiación de Servicios. En aplicación de este fondo, Mallorca recibirá 2.613 millones de pesetas, Menorca recibirá 1.200 millones y Eivissa-Formentera, 1.341 millones de pesetas.
A este fondo de nueva creación se añade otro, el Fondo de Compensación Interinsular. Mallorca recibirá 1.248 millones con este fondo, Menorca obtendrá 286 millones de pesetas y Eivissa logrará 298 millones. El Govern aportará, en consecuencia, 6.986 millones con ambos fondos. Este nuevo modelo eliminará parte de las deficiencias financieras de los consells debidas en parte a la deficiente financiación con la que se traspasaron algunas de las competencias que tienen las instituciones. De hecho, a principios de legislatura el Govern se vio obligado a realizar un reconocimiento de déficit histórico de financiación, que sumó 2.370 millones de pesetas. Hasta entonces, el Consell tenía que poner dinero de su bolsillo para cubrir los déficit de financiación.
Una de las correcciones que ha conseguido introducir UM en el modelo es que éste incluya una regla de progresión que establece una media anual de revisión que no se basa tan sólo en el IPC sino que además tiene en cuenta el crecimiento del Producto Interior Bruto. Esta regla resultará beneficiosa para la financiación de los consells. Otra de las propuestas introducidas por UM es que la variable de la población se revise cada tres años y no cada cinco, con el fin de adaptar la financiación a los posibles crecimientos demográficos de las Islas.