El presidente del Govern, Francesc Antich, consideró ayer que la negativa a declarar como servicio público los vuelos interinsulares es una «muy mala noticia para Balears», y opinó que «no es propio de un proyecto justo para España que no se tengan en cuenta las singularidades de ciertas comunidades autónomas». El Gobierno central ha informado al Defensor del Pueblo que no se concederá esta declaración, que también incluye a los vuelos que se realizan entre Baleares y la Península. Esta singularidad, consideró Antich, «implica esfuerzos del Estado para que los ciudadanos de las distintas CCAA tengan igualdad de oportunidades». Según Antich, «lo justo y lo necesario para Balears es que el transporte aéreo no se deje pura y simplemente a lo que pueda pasar a nivel empresarial».
Sobre este mismo asunto, la delegada del Gobierno en Baleares, Catalina Cirer, manifestó que desconoce las razones esgrimidas por el Gobierno central -que aún no han sido hechas públicas" pero intuyó que responden a unos «argumentos de peso y lógicos» en referencia a una visión global del Estado. La delegada del Gobierno también sostuvo que la «realidad insular» de Canarias y de Baleares «es la misma», aunque en este último caso el territorio está más próximo a la península, por lo que «tendremos que luchar para que se nos reconozcan una serie de derechos», pero «no desde la confrontación, sino buscando puntos de conexión».
Por otra parte, el conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, criticó ayer duramente la actitud del Gobierno central. Quetglas afirmó que tras el 11 de septiembre y por cómo están evolucionando los acontecimientos en las compañías aéreas, «consideramos que las amenazas realizadas por las compañías de ajustar vuelos y frecuencias en las rutas comienza a ser una realidad, de ahí que es necesaria la declaración de servicio público».
Afirmó, acompañado del director general de Transports, Joaquín Rodríguez, que con su negativa, el Gobierno está «incumpliendo la legislación estatal y de la UE. Lamentamos la discriminación que supone que Balears no disponga de esta declaración de servicio público frente a las Islas Canarias, comunidad autónoma que la logró en julio de 1998». Reconoció que el Govern desconoce el informe remitido por el Ministerio de Fomento al Defensor del Pueblo, al tiempo que se refirió a que su departamento estudiará las posibilidades de presentar un recurso jurídico para lograr el objetivo del Ejecutivo autonómico. Para dilucidar la estrategia que van a adoptar las compañías aéreas respecto a las rutas con Balears, Rodríguez anunció que la próxima semana «nos reuniremos con los responsables de las compañías aéreas que operan en las Islas».
El portavoz del grupo parlamentario popular, José María González Ortea, también se pronunció ayer sobre esta cuestión. «Pensamos que no hay una situación de crisis y mientras haya compañías que operen en competencia en las rutas interislas y con la Península, es ilógico que se utilice la figura del servicio público. Es mejor la libre competencia que el régimen en monopolio que propicia la declaración de servicio público». «En caso de que las compañías reduzcan frecuencias y rutas, lógicamente el PP de Balears apoyará al Govern para que el Gobierno central declare servicio público el tráfico aéreo en las Islas».
Francesc Quetglas: «Madrid discrimina a los ciudadanos
de Balears frente a Canarias»
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Francesc
Quetglas, indicaba ayer en el acto informativo que el Gobierno está
«incumpliendo la legislación estatal y de la UE, de ahí que
lamentamos la discriminación que supone que Balears no disponga de
esta declaración de servicio público frente a las Islas Canarias,
comunidad autónoma que la logró en julio de 1998». Añadió que
mientras Canarias puede garantizar la atención del servicio aéreo a
sus ciudadanos, «los ciudadanos de Balears son discriminados por el
Ejecutivo de José María Aznar, a pesar de que se encuentran en las
mismas circunstancias que los ciudadanos de Canarias».