NEKANE DOMBLÀS/RUIZ COLLADO
El Govern balear, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, ha
presentado una alegación en contra de la moratoria del Consell de
Mallorca en la que pide que las limitaciones a la construcción se
extiendan además a suelo rústico. La alegación fue presentada el
pasado mes de agosto, por lo que todavía lleva la firma del
anterior conseller, Josep Antoni Ferrer. En la alegación redactada
por la Conselleria d'Obres Públiques se valora de forma positiva la
medida proteccionista emprendida por la institución insular, así
como las excepciones para evitar que se congele la construcción de
viviendas de protección oficial. En el lado negativo, la única
objeción que se pone es que el suelo rústico no está lo
suficientemente protegido.
La alegación del Govern es una de las 32 que ha recibido la moratoria del Consell de Mallorca, frente a las tres que recibió la del Govern. Además de la Conselleria d'Obres Públiques, han presentado alegaciones la mayoría de las asociaciones empresariales relacionadas con el mundo de la construcción, como la de promotores, constructores, madera y muebles, auxiliares de la construcción, labrado de piedra y mármol, almacenistas de materiales de construcción, instalaciones eléctricas, instaladores de fontanería e industriales metalúrgicos. A todas estas se suma demás una alegación general presentada por la CAEB. Todos ellos piden la nulidad de la moratoria y aseguran que tendrá consecuencias catastróficas para el sector. También ha alegaciones del GOB, de la Cámara de Comercio, del Col.legi d'Arquitectes y los ayuntamientos de Llubí, Palma, Sa Pobla, Andratx, Calvià, Pollença y Ses Salines. A las alegaciones de las asociaciones empresariales y de diversas entidades ciudadanas se añaden nueve alegaciones más presentadas por parte de particulares afectados por la norma cautelar del Consell.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca ha realizado un estudio para evaluar las consecuencias económico-laborales provocadas por la moratoria del Consell Insular de Mallorca y del Govern en la Isla, así como su incidencia en la construcción y sus múltiples integrantes. De acuerdo con este estudio, el presidente de los Aparejadores de Mallorca, Jaume Gibert Salamanca, vaticinaba ayer un futuro incierto para el sector de la construcción y para la propia economía de la Isla, «si la actividad constructiva generó en 2000 una inversión de 235.000 millones de pesetas, las moratorias provocarán que la inversión en 2003 se quedaría reducida a la mitad, es decir en 117.000 millones de pesetas. Considero que un descenso tan espectacular de la inversión tendrá un efecto negativo en el desarrollo de la economía mallorquina y en el PIB. Al mismo tiempo, todos los sectores relacionados con el sector de la construcción verán mermada su actividad de forma considerable, afectando con ello a la actividad laboral y a la propia trayectoria de las empresas».
Gibert, respecto a la superposición de las normas cautelares del CIM y del Govern, indica que van a limitar de forma considerable «el número de visados y licencias de viviendas edificables en Mallorca, que en el comparativo 2001-2003 se sitúan en una reducción de 6.996 viviendas, casi un 50 por ciento si comparamos el ejercicio 2001 con el 2003 (ver gráfico adjunto). Esta paralización de la vivienda incidirá en la propia actividad del sector, lo cual acentuará su crisis en un clima en donde la inseguridad jurídica es algo manifiesta». Otro factor que analiza el estudio son las consecuencias de las moratorias sobre la utilización del suelo, «que no es motivo de preocupación, sino el efecto que las normas cautelares van a tener en la escasez de recursos propios en suelo rústico, suelo unifamiliar urbano y plurifamiliar urbano. Tampoco descartamos que se produzca cierta especie de especulación en el precio de la vivienda».