Sólo un centenar de propietarios de pozos de los 20.000 que tienen que hacerlo en las Islas han solicitado hasta el momento su inclusión en el «Catálogo de Aguas Privadas» tal y como se recoge en la disposición transitoria cuarta del Plan Hidrológico Nacional. La normativa aprobada por el Gobierno central el pasado mes de julio establece la obligación de apuntar en este catálogo a todos los aprovechamientos de aguas subterráneas anteriores a la entrada en vigor de la ley de aguas de 1 de enero de 1986.
En Balears existen unos 30.000 pozos pero 10.000 de ellos son posteriores al año 1986. A partir de esa fecha los nuevos pozos pertenecen a la Administración pública que o bien otorga una concesión de explotación al propietario del terreno por 50 años al inscribirse en el Registro de Aguas o bien permite que continúe siendo privada, a través del catálogo de aguas privadas, lo que obliga a extraer siempre el mismo caudal sin posibilidad de aumentarlo. Estos pozos construidos a partir de 1986 entran automáticamente en el catálogo que ahora se está elaborando aunque desde la Administración autonómica se recomienda a los propietarios que consulten con el teléfono del agua (900-700100) para asegurarse si están incluidos.
El propio director general de Recursos Hídrics, Antonio Rodríguez, aseguró que su departamento espera «una avalancha de solicitudes» ya que el plazo de presentación acaba el próximo 26 de octubre. No obstante, recuerda Rodríguez, los propietarios pueden presentar sus solicitudes antes de la fecha en Correos, ayuntamientos, Delegación de Gobierno o cualquier Conselleria. La instancia de inscripción debe ir acompañada de la escritura de la propiedad, un plano de la localización y el DNI. En el caso de que el pozo sea anterior a 1986 el propietario debe acreditarlo a través de algún documento como «los vales de gasóleo o la propia escritura».
El director general aseguró que todos aquellos pozos que no formen parte del catálogo serán ilegales y, por tanto, perseguidos y apuntó que la intención de la normativa es perseguir los pozos no declarados. El director general de Recursos Hídrics abogó porque el Gobierno central conceda una prórroga «siempre que se tratara de un plazo definido» ya que existe un alto grado de desconocimiento sobre la situación de los pozos. En los mismos términos se manifestó el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Mas, quien pidió a Madrid que prorrogue el plazo para inscribirse durante seis meses ya que «como se ha demostrado» la medida ha cogido por sorpresa a muchos propietarios. Asimismo Mas solicitó que se envíe una carta personalizada a los propietarios para avisarles de la nueva circunstancia.