Si algo distingue a la oposición socialista de esta legislatura, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, es el afán pactista que mantiene con el grupo mayoritario al que debería «marcar» e intentar reorientar hacia posiciones más izquierdistas. El último capítulo de este serial de pactos y compromisos mutuos ha llegado con el acuerdo de reparto de puestos en el poder judicial, dejando fuera a los nacionalistas del PNV "del Consejo General del Poder Judicial" y de CiU "del Tribunal Constitucional". La medida ha sorprendido, porque en tiempos pasados el PP "hoy goza de mayoría absoluta" y el PSOE "cuando estaba en el poder" no daban un sólo paso sin contar con el apoyo "y los votos, que les eran tan necesarios" de estas dos formaciones de carácter conservador.
Hoy las cosas son bien diferentes y lo único que muestran es un panorama algo más empobrecido políticamente, pues lo que ha ocurrido con esta decisión de los grandes partidos es que eliminan la posibilidad de que miles de votantes se sientan representados en algunas de las instituciones más importantes del país.
La pataleta nacionalista no se ha hecho esperar y el líder peneuvista, Xabier Arzalluz, ha llegado incluso a amenazar con abandonar el Parlamento. Una postura que no está en absoluto reñida con sus postulados independentistas "HB ya lo hizo" y que sería quizá más congruente que la idea de renegar de la Constitución pero, al mismo tiempo, querer ocupar puestos de poder en las instituciones que la Carta Magna establece.
Lo penoso de todo esto es que la sociedad seguirá contemplando estas instituciones como apéndices de los partidos políticos. Los miembros del Poder Judicial elegidos por los partidos "afortunadamente en menor proporción que en legislaturas anteriores" siempre estarán marcados por una adscripción política.