«Un atentado a la economía de les Illes Balears y a su autonomía». Así definió ayer el vicepresident del Govern balear y conseller de Comerç, Pere Sampol, la suspensión de los diez artículos de la Llei de Comerç de Balears originada tras la decisión del Gobierno central de recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional. «Ese recurso pone en peligro 75.000 empleos al permitir la implantación de nuevas grandes superficies», explicó Sampol en una rueda de prensa celebrada en la sede del Govern.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por Madrid sentó muy mal a Sampol, quien considera que el Ejecutivo de Aznar "«y del mallorquín Jaume Matas», precisó" «defiende los intereses de las grandes multinacionales comerciales». «La posible suspensión tendrá unas consecuencias muy negativas sobre la economía balear, poniendo en peligro la subsistencia de casi 20.000 empresas que trabajan en el sector del comercio», dijo el vicepresident.
Recordó que en Balears la implantación de hipermercados ya supera la media del Estado español y que existe una moratoria de licencias para estos establecimientos que concluye el próximo 20 de enero, por lo que a partir de entonces, «si no se adoptan medidas para evitarlo, podrían abrirse los 25 grandes comercios que han solicitado permiso, circunstancia que afectaría de lleno a nuestro tejido empresarial».
«Su apertura, más todas las que puedan venir, pondrá en peligro el puesto de trabajo de 20.868 autónomos y 53.961 trabajadores del régimen general. Más de 200.000 personas viven directamente de la pequeña actividad comercial en el archipiélago», afirmó. A su juicio, «Madrid defiende, descaradamente, los intereses de grandes empresas multinacionales en contra de las pequeñas empresas de Balears».