J. RODRÍGUEZ
El Gobierno central acordó ayer, a través del Consejo de Ministros,
recurrir la ley de comercio de Balears ante el Tribunal
Constitucional y pidió su suspensión cautelar hasta que se dicte
sentencia al considerar que vulnera normas fundamentales. Este es
el cuarto recurso que Madrid interpone en dos años ante el Alto
Tribunal para pedir la retirada de una ley o iniciativa adoptada
por el Pacte de Progrés (ley de consells, subida de pensiones,
ecotasa y ley de comercio) y, en esta ocasión, se basa en «la
vulneración del régimen de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades. El Ejecutivo central considera, de esta
forma, que la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria redactó
una normativa que choca frontalmente con el Real Decreto
liberalizador que aprobó durante el año 2000 para regular el
sector.
Entre otras cosas la normativa de Madrid establecía un horario de apertura de 90 horas semanales mientras que el texto del Govern la reduce a 72 horas. Asimismo consideran que la limitación de superficies en 800 metros cuadrados, 1.200 en Palma, para centros comerciales vulnera la Ley de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista que, aseguran, «protege la libre iniciativa empresarial y la libre circulación de bienes y personas en todo el territorio». En lo que se refiere al calendario de apertura en festivos, que según la norma recurrida es competencia de la Direcció General de Comerç, Madrid considera que vulnera las leyes básicas del Estado. El mismo argumento es utilizado para justificar el recurso contra el artículo que regula la libertad de horarios en zonas «de gran afluencia turística».
En este sentido, el Consejo de Ministro avaló la tesis del Ministerio de Economía que reconoce la posibilidad que tiene el Govern de determinar dichas zonas pero niegan la de imponer límites horarios. También considera inconstitucional el Gobierno el hecho de que el Ejecutivo autonómico prohíba las ofertas y promociones dos meses antes de las dos temporadas de rebajas anuales; los establecimientos dedicados a la venta de saldos y los regalos de los bancos como pago de intereses. La aprobación del recurso provocó alegría en el seno del Partido Popular, que había presentado una enmienda a la totalidad del texto en junio, cuando fue aprobado con los votos de todos los socios del Pacte.
En este sentido, el coordinador de la formación, Josep Juan Cardona, señaló que el Govern sabía que Madrid acudiría al Alto Tribunal para pedir la suspensión «cuando forzó la normativa». El popular recordó que hay sectores donde se producen concurrencias de competencias como en el caso del comercio. «El Govern tiene algunas competencias pero Madrid tiene otras y lo que no se puede hacer es aprobar una norma por testarudez rechazando el diálogo por sistema». Cardona reconoció que «ya es habitual» que el Gobierno central recurra una iniciativa del Pacte de Progrés pero lo justificó señalando que «suele ocurrir cuando una parte intenta imponer su criterio por encima de las competencias de otras administraciones. «El Govern no sólo invade competencia de Madrid sino que también intenta lo mismo con los Consell Insulars, lo cual demuestra su incapacidad para negociar».
El Govern dice que el PP usa al Alto Tribunal para
imponer sus tesis
El portavoz del Govern Balear, Antoni Garcias, aseguró ayer que el
recurso presentado por Madrid ante el Constitucional pone de
manifiesto que el PP «utiliza las instituciones del Estado para
imponer las tesis que no puede hacer valer en el Parlament
autonómico por no disponer de mayoría». De esta forma, el conseller
de Presidència apuntaba lo que, en su opinión, es una
contradicción: «Que promuevan una ley de cooperación autonómica al
mismo tiempo que 'torpedean', desde un punto de vista partidista,
las leyes importantes que sacamos para cambiar el modelo de
país».