El escándalo de la agencia de valores Gescartera, en esta última semana en un segundo plano a causa de la actualidad internacional, ha vuelto a cobrar protagonismo tras la decisión judicial de decretar el ingreso en prisión de la presidenta de la misma, Pilar Giménez Reyna, hermana del dimitido secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, y tras la dimisión de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente.
Ciertamente son los tribunales los que deberán decidir el grado de implicación de cada uno de los imputados y, si procede, imponer las penas que contempla la ley. Sin embargo, es el momento de determinar las responsabilidades políticas que puede haber en un caso de estafa en el que han «desaparecido» 18.000 millones de pesetas.
No es fácilmente comprensible que, con todos los datos con que se contaba, desde el Gobierno de Aznar no se forzara la dimisión de la presidenta de la CNMV mucho antes. Todos los indicios apuntaban a que Pilar Valiente estaba en una situación difícil y pese a ello desde el Ejecutivo se la defendió. Finalmente, ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía, se ha producido su dimisión, el mismo día que el juez enviaba a prisión a la presidenta de Gescartera. Obviamente, al defender a la presidenta de la CNMV, el Gobierno intentaba evitar que la crisis alcanzara a dos ministros: Rato y Montoro. Habrá que ver cuál será ahora la postura de la oposición. Por de pronto, Zapatero hizo ayer una alusión al vicepresidente económico.
El PP deberá ahora emplearse a fondo para demostrar que ha actuado correctamente. Rato dijo ayer que la actual mayoría parlamentaria asume la doctrina de las responsabilidades políticas sin esperar a los pronunciamientos judiciales. Le faltó decir «y no como otros», refiriéndose al PSOE. Es cierto que el PP ha obligado a asumir estas responsabilidades, pero lo lamentable es que en el caso de Pilar Valiente haya tardado demasiado.