EFE/ PATRICIO CANDIA
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra el impuesto
autonómico promovido por el Ejecutivo de Balears, conocido como
«ecotasa», y confirma la suspensión y la vigencia de la aplicación
de la ley hasta que adopte una resolución. La decisión del TC fue
considerada por fuentes jurídicas consultadas por este diario como
«una buena noticia para el recurrente, y muy mala para el Govern».
En pleitos de esta naturaleza «lo más difícil» es que el TC admita
a trámite el recurso, añadieron la fuentes. El Govern, en cambio,
confirmó que presentará alegaciones contra esa decisión.
El pleno de la Sección Tercera del TC señala en su escrito, al que tuvo acceso Efe tras su remisión a las Cortes, que paraliza la ejecución de la ley impugnada «desde la fecha de interposición del recurso "30 de julio 2001" para las partes del proceso». La Sección Tercera comunica además que abre un plazo de quince días para que el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento y el Govern de Balears «puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes», como establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
El Consejo de Ministros acordó el pasado 27 de julio interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento balear del Impuesto sobre estancias en empresas de alojamiento turístico, conocido como «ecotasa», y pedir la suspensión de la aplicación de dicha figura impositiva. El Ejecutivo entiende que ese nuevo impuesto recae sobre hechos imponibles ya gravados con el IVA y el IAE. Este impuesto, aprobado en abril por el Parlament balear, está destinado a la dotación de proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y espacios naturales y, para ello, grava con una media de un euro diario a todos los turistas mayores de 12 años que no viajen en programas sociales subvencionados y se alojen en establecimientos turísticos. De acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central supone, de forma automática, la suspensión de la norma autonómica impugnada. Ahora el TC tiene un plazo máximo de cinco meses para decidir si mantiene la suspensión hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto "lo que puede demorarse varios años" o si la levanta.
El informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez a petición de la Federación Hotelera de Mallorca llegó a la conclusión de que la ecotasa «es inconstitucional» debido a que grava el mismo concepto que el IVA que pagan los hoteleros, por lo que su aplicación supondría una doble imposición, un hecho que «vulneraría los límites de la potestad tributaria de la Comunitat Autónoma previstos en el artículo 133.2 de la Constitución, 6.2 de la LOFCA y en el 57 del Estatuto de Autonomía». Las cuatro conclusiones extraídas en el informe son opuestas a la legalidad de la ecotasa y contienen argumentos «de peso», según el abogado de los hoteleros, Joan Buades, para oponerse de forma frontal a su aplicación, si el Govern mantiene el mismo texto del proyecto de ley que debe ser debatido por el Parlament. En ese aspecto, Buades dijo que el proyecto redactado por el Govern define «habilidosamente» la ecotasa como un impuesto directo sobre el usuario para evitar su identificación con el IVA, que es un tributo por consumo que pagan los hoteleros.
Joan Mesquida: «La decisión del TC es un puro
trámite»
«Siempre que el Gobierno interpone un recurso, el Tribunal
Constitucional lo admite a trámite, por ello, todo sigue como
estaba previsto», dijo el conseller d'Hisenda i Pressuposts, Joan
Mesquida. «Esto no cambia absolutamente nada; es como entrar una
instancia y que te pongan el sello pertinente», precisó. «Este
trámite no es opinable; el que quiera hacer política de esto que lo
haga. El TC tiene cinco meses de plazo para decidir si levanta o no
la suspensión, aunque puede no agotar este plazo. Y aunque el TC
mantenga la suspensión, eso no prejuzga el fondo del asunto, de si
es constitucional o no. Y si la levanta, tampoco quiere decir nada,
porque tenemos el precedente del 'impuesto ecológico', que levantó
la suspensión y diez años después dijo que era inconstitucional»,
indicó Mesquida.