La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, ha decidido paralizar en el Parlament la tramitación de las competencias de Bienestar Social por sus diferencias con el Govern. Munar, que preside la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, ha comunicado a los integrantes del Pacte de Progrés su decisión de congelar la tramitación parlamentaria de la ley de transferencias de las competencias de Bienestar Social, aprobado hace meses por el Govern, lo que supone una nueva fisura en el pacto de gobierno.
Munar explicó en la última reunión de la mesa de la comisión, celebrada la semana pasada, que no está de acuerdo con algunos puntos de la ley y que quiere negociar con el Ejecutivo autonómico algunas modificaciones, una decisión que se produce en plena crisis entre los nacionalistas y sus socios por la política territorial. De manera extraoficial, UM ha mostrado su gran malestar por la decisión del departamento que dirige Fernanda Caro de ampliar la infraestructura de la Conselleria de Benestar Social, a pesar de quedar prácticamente vacía de contenido político por el traspaso de las competencias a los consells. Munar desea que Antich suprima la Conselleria de Benestar Social, una petición que la presidenta de Unió Mallorquina ha planteado en innumerables ocasiones.
Todos los partidos del Pacte de Progrés, además del PP, esperaban que la tramitación de las competencias de Bienestar Social a los consells quedase zanjada en los próximos meses. De hecho, sólo faltaba que la comisión se reuniese para dictaminar la ley y remitirla al plenario del Parlament para su aprobación definitiva. De esta manera, las competencias de bienestar social podrían haberse hecho efectivas en enero del próximo año. Además, la decisión de Munar también perjudica los intereses del Consell d'Eivissa y el Consell de Menorca, que dependen de la tramitación parlamentaria para asumir las nuevas competencias.
Mientras tanto, la posición de Unió Mallorquina en contra de la moratoria urbanística y las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas por el Govern fueron objeto ayer de duras críticas por parte Eberhard Grosske, coordinador de Esquerra Unida. Para Grosske, Unió Mallorquina «vulnera los contenidos programáticos del pacto» al votar en contra de las medidas urbanísticas aprobadas por el Ejecutivo. «UM deberá dar cuenta a los ciudadanos de sus decisiones», planteó Grosske, quien anunció que el Govern hará todo lo posible para intentar que el partido que lidera Munar «rectifique» y apoye la reforma de las DOT.
«El Govern no será nunca el último en cerrar la puerta del diálogo para llegar a acuerdos que permitan sacar adelante todos los puntos del programa de 1999», pidió el dirigente de Esquerra Unida, muy crítico con la postura de UM. Grosske opinó que «las bisagras suelen tener problemas», en clara alusión a UM, y reiteró sus consejos a la formación nacionalista para que modere su postura «para evitar que el electorado le dé la espalda en las próximas elecciones». Por otro lado, Esquerra Unida ha planteado al Govern de les Illes Balears una modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio aún más restrictiva, que reduzca el techo poblacional previsto para las Islas, entre otras medidas.