El Govern no aceptará cualquier exigencia de Unió Mallorquina y asume la posibilidad de quedar en minoría durante el año y medio que queda de legislatura, según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo. Los representantes del Pacte de Progrés están dispuestos a negociar todo lo que sea necesario para reconducir la crítica situación que se ha creado con Unió Mallorquina. Sin embargo, esta negociación no significa que el Govern está dispuesto a aceptar cualquier propuesta. Las mismas fuentes aseguraron que el mantenimiento del Pacte no pasa por una situación «de abuso» o de «indignidad» hacia el Ejecutivo por parte de UM, por mucho que se encuentre en una situación «de privilegio», según las mismas fuentes. Es decir que el Govern no aceptará posturas maximalistas, como puede ser la exigencia de una retirada de la moratoria. En cualquier caso, la disposición al diálogo debe centrarse en el contenido de la norma cautelar y los órganos que deben aplicarla.
En el Ejecutivo balear insisten en que su objetivo es seguir negociando, si bien no a cualquier precio. También creen que, si Unió Mallorquina quiere romper el Pacte, debe asumir las consecuencias futuras que puede reportarle esta decisión. Hasta que no comience la negociación con UM, los representantes del Ejecutivo quieren seguir dando la sensación de normalidad y de trabajo, de ahí la intensa agenda que ha mantenido el president del Govern durante esta semana. Tras la reunión del Consell de Govern, el vicepresident del Ejecutivo, Pere Sampol, recordó que Unió Mallorquina tan sólo tiene dos opciones entre las que elegir: el modelo del Pacte o el modelo territorial y lingüístico del PP. Como representantes del PSM, Sampol descartó que los miembros de esta formación política apoyen un informe del Consell que censure la moratoria del Govern.
En cualquier caso, para el representante nacionalista, en estos momentos no existen «elementos objetivos de desestabilización». El vicepresident del Govern señaló que el Ejecutivo no puede retirar una moratoria que se aprobó para evitar una avalancha de proyectos urbanísticos ante el anuncio de la inminente reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio. «No se puede iniciar un debate urbanístico sin aprobar antes unas medidas cautelares para que no se provoque un alud de peticiones de licencias», explicó el vicepresident. En esta línea, Sampol recordó que el Govern está perfectamente legitimado para acometer las iniciativas legislativas que estime oportunas.
En la fase de tramitación de la reforma de las Directrices, el vicepresident señaló que se pedirá la opinión de todo el mundo y apuntó que se abrirá la fase previa de audiencia a los ayuntamientos, que todavía no ha dado comienzo. A pesar de que Unió Mallorquina asegura que la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio no era necesaria porque se realizó a principios de legislatura, el vicepresident del Govern aseguró que las situación es «muy cambiante». Reconoció que el Govern ya ha actuado para contener el suelo rústico y para suprimir nuevos espacios urbanizables, pero destacó que, a pesar de estas actuaciones, la construcción ha seguido en aumento durante estos años.