La investigación sobre el «caso Mapau» o «caso Formentera» ha dado un paso de gigante con las últimas decisiones de la Fiscalía. Hasta ahora el caso se había llevado en el juzgado de Eivissa, por tratarse de un asunto que afectaba directamente a la isla de Formentera, pero la petición fiscal de imputar a varios ex altos cargos del Govern balear del PP "dos de ellos aforados por su condición de diputados autonómicos" hará que la investigación pase al Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Hasta el momento las cosas estaban así. La sospecha de un fraude electoral llevó a la denuncia del caso, en el que hasta ahora estaban presuntamente implicadas tres personas, relacionadas con el anterior Govern pero de forma menos directa. Se les acusa de encargarse de captar votos para el PP entre los emigrantes baleares en diversos países sudamericanos. Pero ahora el fiscal ha decidido imputar a cuatro personajes de mayor relevancia política: el ex conseller Josep Joan Cardona, el ex director general de Joventut Antoni Pastor, y otros dos ex altos cargos.
Todos ellos deberán aportar a la Justicia sus versiones de los acontecimientos que se investigan, de forma que el juez pueda establecer la verdad de unos hechos hasta ahora más bien confusos. Que los responsables políticos tengan que comparecer ante un juez no es plato de buen gusto para nadie, pero tampoco es como para rasgarse las vestiduras. Sencillamente, existe un episodio pasado que se debe aclarar. Para llegar hasta el final y saber la auténtica verdad. Frente a tantas versiones contradictorias, debe ser ahora la Justicia, oyendo a los imputados, la que ponga las cosas en su sitio y calibre y dictamine si estamos ante delitos electorales, de malversación de fondos públicos y de falsificación de documentos o, como sostienen algunos defensores, ante unas simples irregularidades administrativas. Los fiscales han hablado. Ahora les toca a los jueces.