«El hecho de que se establezcan cupos nos va a afectar mucho, también económicamente», dijo el concejal de Urbanismo de Pollença, Joan Cerdà (UM). En la misma línea se pronunció la alcaldesa de Andratx, Margalida Moner (PP), quien ahondó en que «este tipo de iniciativa pisotea las atribuciones municipales». Moner y su delegado de Urbanismo, Eugenio Hidalgo, coinciden en que «se debe poner freno» pero dudan de la eficacia de esta propuesta.
El responsable de Urbanismo de Alcúdia, Antoni Alemany (PSOE), es optimista: «Lo necesario es buscar una fórmula para controlar la segunda vivienda, pero en cualquier caso esta moratoria es una medida positiva». Sobre la reducción de ingresos, opina que «los ayuntamientos deberían haberse acostumbrado a vivir sin estos ingresos para no tener que crecer siempre».
Miquel Nadal (PSOE), alcalde de Binissalem, opinó: «Es normal que se apruebe una moratoria para suelo rústico que es hacia donde se desplaza la presión pero no evitarán una presión de obras que se realicen sin licencia, lo que supone un problema añadido. Los pueblos de interior pagan ahora las aberraciones de la costa». Josep Gomila (PSM), alcalde de Alaró, valoró el nuevo texto como «muy positivo» porque «contempla medidas cautelares que evitarán que se produzca una nueva avalancha de licencias».
El batle de sa Pobla, Jaume Font, dijo: «La nueva normativa es todo lo contrario a un crecimiento programado, sólo genera desconcierto; es necesario desarrollar el Plan Territorial de Mallorca y Munar y Antich aparecen incapaces de hacerlo».
El alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), coincide con su colega de Andratx: «Todos los municipios deberían ser soberanos en materia urbanística. El Govern tiene que dar más competencias a los ayuntamientos». Critica la norma cautelar porque «produce una enorme psicosis y la petición de más licencias».