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El Govern limitará la construcción de nuevas viviendas a 6.000 al año

UM ve con recelo la propuesta del Ejecutivo autonómico, que entraría en vigor en 2003, y PSM e IU presionan para que se apruebe una moratoria en suelo rústico

Manuel Cabellos, Josep Antoni Ferrer i Luciano Parejo. Foto: P.BOTA.

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El Govern fijará un cupo anual de construcción de 6.000 nuevas viviendas al año para toda la Comunitat a partir de 2003, fecha en la que previsiblemente entrará en vigor el Plan Territorial Insular (PTI), y hasta 2010, el horizonte que marca la modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio, que ayer presentó el conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer. Las viviendas de protección oficial y aquellas que resulten de la rehabilitación de una anterior no estarán incluidas en el cómputo global.

De hecho, las Directrices fijan un crecimiento anual del uno por ciento de las plazas ya construidas y que en estos momentos es 1'8 millones. Es decir, entre 2003 y 2010 sólo se construirán viviendas para 18.000 nuevos habitantes en todas las Islas. De forma transitoria, durante 2001 se autoriza la construcción de 18.000 nuevas viviendas "ahora congeladas por la moratoria del Consell" con capacidad para 54.000 plazas, el 3 por ciento de lo ya construido. En 2002, el límite se rebaja al 2 por ciento, con lo que el número de plazas queda en 36.000 y el de viviendas, en 12.000 para toda la Comunitat.

Además de las posibilidades edificatorias, la reforma de las DOT limita las posibilidades de crecimiento de suelo. Hasta 2010, Mallorca sólo podrá tener suelo urbano para 98.000 nuevas plazas, cifra que en el caso de Menorca se recorta hasta las 18.000 plazas; 17.000 más serán para Eivissa y 1.000, para Formentera. De esta forma, la capacidad de crecimiento de población en función de los nuevos urbanizables queda fijada en 134.000 habitantes frente a los 270.000 habitantes que permiten las actuales Directrices aprobadas en la época de Jaume Matas.

Serán los consells a través del Plan Territorial Insular si este crecimiento de nuevo suelo disponible es proporcional al tamaño de los municipios o bien se atribuyen de forma desigual en función de otras necesidades. El conseller d'Obres Públiques explicó que los consells deberán tener en cuenta qué municipios han sido más permisivos y qué municipios han sido más restrictivos a la hora de aprobar nuevos urbanizables. «Tener más urbanizaciones ni significa tener más riqueza», señaló Josep Antoni Ferrer.

Hasta la aprobación de los planes territoriales insulares de cada uno de los consells, las directrices establecen una disposición transitoria para regular el crecimiento. Las directrices establecen tres categorías diferentes de crecimiento en función de los ayuntamiento. Por ejemplo, o se podrán aprobar planes de ordenación que supongan un incremento del 3'5 por ciento de las plazas de municipios como Alcúdia, Algaida, Binissalem, Inca. Manacor, Santa María o Santanyí, hasta un total de 22 localidades. Este porcentaje se reduce al 2'5 para otros 36 municipios, entre los que están Artà, Calvià, Llucmajor, Palma o Pollença y se limita al 1'5 por ciento de las plazas totales ya construidas para Andratx, Banyalbufar, Es Mercadal, Escorca, Marratxí, Puigpunyent, Sant Joan de Labritja, Sant Josep y Santa Eulària.

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