Balears recibirá 214.000 millones de pesetas al año una vez que el Govern y Gobierno negocien el traspaso de competencias en materia de sanidad, según explicaron ayer el president del Govern, Francesc Antich, y el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida. Éste es el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación al que Gobierno y comunidades autónomas llegaron el pasado viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En principio, la propuesta del Gobierno era de 186.000 millones en pesetas de 2002, pero tras la negociación se ha conseguido sumar a esa cifra 11.000 millones de financiación de competencias más otros 17.000 millones como sobrefinanciación del traspaso de sanidad cuando lleguen las competencias.
De este modo, en principio el coste del traspaso de competencias de sanidad está valorado, como mínimo en 85.000 millones de pesetas, si bien el conseller d'Hisenda explicó que la aceptación del sistema de financiación no prejuzga la aceptación del traspaso de sanidad con esas cantidades. El president del Govern, Francesc Antich, que ayer compareció con el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, para explicar el acuerdo, afirmó que el nuevo sistema supone una mejora con respecto al que ahora está en vigor, si bien señaló que tampoco «es para tirar cohetes» porque siguen existiendo déficits importantes. Por esta razón, aseguró que la próxima batalla será la aplicación del Régimen Especial.
El conseller d'Hisenda, por su parte, reconoció que había vuelto de la reunión con una «sensación agridulce» porque la regla de modulación ha impedido que Balears reciba otros 17.000 millones más de pesetas. Esta regla de modulación fija un límite de ingresos para las comunidades que hayan tenido aumentos importantes de población, como es el caso de Balears. Sin esta regla, Balears podría haber aumentado su financiación en 28.000 millones, en lugar de los 11.000 que ha recibido.
El conseller explicó que Balears no se planteó en ningún momento quedar fuera del sistema ya que ello implicaría, entre otras cosas, perder la gestión del 30 por ciento del IRPF y, como consecuencia de ello, las desgravaciones fiscales establecidas por el Ejecutivo. En cualquier caso, señaló que su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera había sido muy crítica «por la legitimación que supone tener la peor financiación de España y porque existe un sentimiento ciudadano de que esta situación provoca un agravio comparativo», señaló Mesquida.