Balears recibirá 11.000 millones de pesetas más al año con el nuevo sistema de financiación, tras el acuerdo al que llegaron ayer el Gobierno y las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, explicó al término de la reunión que la Comunitat recibirá otros 17.000 millones como mejora del coste efectivo de la Sanidad, cuando esta competencia sea transferida a las comunidades autónomas. El incremento en la financiación de Balears oscila entre el 11 y el 14 por ciento, según el conseller.
La propuesta aprobada ayer, que fue votada a favor por Balears, mejora sustancialmente la oferta inicial del Gobierno, que ofrecía a Balears 4.500 millones de pesetas más al año. Mesquida no quiso adelantar una cifra definitiva de cuáles serán los ingresos definitivos de Baleares al año, ya que esta estimación requiere todavía una serie de cálculos. Ha sido el conseller d'Hisenda quien ha llevado el peso de la negociación y quien ha conseguido esta mejora sustancial.
Sin embargo, su moderada satisfacción se debe a que el Gobierno se opuso a retirar del sistema la regla de modulación, que limita el incremento de ingresos de aquellas comunidades que hayan tenido un notable aumento de población. Balears contó con el apoyo de Valencia en esta propuesta, pero el Gobierno se negó a aceptarla. En su intervención ante los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Mesquida destacó lo perjudicial que resulta para Balears ser una comunidad considerada rica. Para empezar, su elevada renta per cápita le impide acceder a los fondos europeos a los que siguen llegan otras comunidades. Además, la renta media de los ciudadanos de las Islas se encuentra en e furgón de cola de las autonomías, según explicó el conseller a sus homólogos de otras comunidades autónomas.
Joan Mesquida pidió además al Gobierno que profundice en la lealtad institucional a la Comunitat Autònoma. Como ejemplo de esta falta de lealtad, el conseller citó la difícil situación vivida por la Comunitat como consecuencia de la anulación del impuesto ecológico, en diciembre del año pasado. Recordó que la colaboración del Gobierno se limitó a un permanente silencio.