El Govern de Balears pretendía llevar a término un proyecto para, sencillamente, dotar a las Islas de nuevos recursos que permitieran frenar en lo posible el deterioro medioambiental que durante décadas han sufrido. Quizá el procedimiento no era el más adecuado por sus carencias "sólo pagarían la ecotasa los turistas que pernoctan en hoteles", pero el objetivo era y sigue siendo loable. Ahora el Gobierno de Madrid ha dado un mazazo a las intenciones de Francesc Antich y su equipo recurriendo la ecotasa ante el Constitucional y solicitando su suspensión, alegando duplicidad de impuestos con el IVA y el IAE, tal como reclamaban los hoteleros, afectados directamente por el proyecto porque debían convertirse en recaudadores de la tasa.
Lo triste es que con esta actuación del Gobierno central Balears pierde la oportunidad de conseguir diez mil millones "a los que hay que añadir los cuatro mil que perdió al declararse inconstitucional el año pasado el impuesto ecológico", con lo que, en última instancia, los perjudicados somos todos: las Islas, sus habitantes y el medio ambiente.
De cualquier modo, de haber alguna duda sobre la viabilidad jurídica del impuesto, lo correcto es que se estudie antes de su entrada en vigor, prevista para enero de 2002, y, lógicamente, suspenderla en tanto no se resuelvan esas dudas. Lo malo es que en esas altísimas instancias judiciales las cosas se demoran por años. Y lo peor es que este recurso es el reflejo de las pésimas relaciones entre el Govern balear y el Gobierno central y del gravísimo enfrentamiento entre la Conselleria de Turisme y todo el sector turístico. Todos han cometido errores y se ha llegado a un punto insostenible que perjudica gravemente los intereses de los ciudadanos de Balears, que asisten con preocupación a los distintos episodios de esta «guerra turística».