El teniente de alcalde de Hisenda del Ajuntament de Palma y presidente de la EMT, Pedro Àlvarez, señaló ayer que el Consistorio presentará en breve un recurso de alzada contra la sanción de veinticuatro millones y medio de pesetas impuesta por la Direcció General de Consum al Consistorio por las «seis infracciones administrativas en materia de defensa del consumidor» que, a juicio de este departamento de la Conselleria de Sanitat i Consum, ha causado la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana.
«Nos notificaron la sanción hace un mes y ahora presentaremos un recurso contra la misma», dijo Àlvarez. «En un principio se nos quería retirar la tarjeta ciudadana, luego se habló de posibles sanciones multimillonarias contra la EMT. A continuación se nos impuso una sanción de poco más de treinta millones de pesetas. Ahora se ha rebajado a veinticuatro millones y medio», prosiguió Àlvarez, para añadir: «Como se ve, han rebajado nuevamente lo que ya han ido rebajando en ocasiones anteriores, y confiamos en que así seguirá siendo hasta que se demuestre que todas las infracciones ya fueron debidamente subsanadas hace tiempo».
Según se recoge en la resolución de la Direcció General de Consum, en los seis hechos imputados concurren dos criterios de calificación. Por una parte, «generalización de la infracción, en cuanto al número de destinatarios afectados por la misma», se señala, ya que Consum considera que las irregularidades imputadas son consecuencia de la implantación de la tarjeta ciudadana, «que abarca a la totalidad de usuarios del servicio municipal de transportes de la EMT de Palma», prosigue.
Por otra parte, el segundo criterio de calificación es la «posición de predominio del infractor en el mercado o en cualquier otro ámbito que sea de su aplicación», añade. Las seis sanciones serían debidas, básicamente, a una falta de información a los usuarios y a la aplicación de comisiones interbancarias. Las sanciones fueron impuestas sobre faltas calificadas en su momento como «muy graves», si bien tras las «actuaciones pertinentes» presentadas por el Consistorio, dichas faltas se reconocen subsanadas en su práctica totalidad. Así, de los seis hechos que Consum considera probados, sólo dos habrían quedado sin respuesta fehaciente por parte de Cort.