Los integrantes de la Mesa de Diàleg Social recibieron ayer, de manos del presidente del Govern balear, Francesc Antich, una copia del «Pla d'Actuacions Urgents en Normalització Lingüística» propuesto por el Ejecutivo autonómico como plan de choque del catalán. El conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons; acompañado del director general de Normalització Lingüística, Joan Melià, estuvieron presentes en la reunión que también contó con la participación del conseller de Treball, Eberhard Grosske y una amplia representación de sindicatos y patronal.
El conseller de Treball, Eberhard Grosske, afirmó, una vez concluida la reunión, que «tanto los representantes de la patronal como los sindicatos se han mostrado dispuestos a colaborar activamente con la puesta en marcha del plan de choque», apuntó. «Creo que es precisamente en el ámbito del trabajo donde hay mayor labor a realizar para conseguir la normalización lingüística», dijo Grosske y matizó que «el mundo laboral y la justicia deben incorporar el catalán como vehículo de comunicación. Los juzgados de Lo Social son un ejemplo de falta de normalización», dijo Grosske.
Una vez concluida la reunión tanto patronal como sindicatos se mostraron a favor de estudiar la propuesta elaborada por el Govern para empezar a debatirla el próximo mes de septiembre. «Creo que los sindicatos y la patronal tenemos un importante papel a jugar en la normalización lingüística», comentó el sindicalista, José Navarro (CC OO); reconociendo que en la mayoría de las empresas no se ha trabajado para conseguir la normalización lingüística. «Es importante que el Govern, conjuntamente con los consells insulares y las administraciones locales, intente llegar a todos los ámbitos sociales con el fin de normalizar la utilización del catalán», apostilló Navarro. Damià Pons, conseller d'Educació i Cultura, ya se pronunció en su día completamente a favor del plan de choque, afirmando que uno de los grandes pilares de este proyecto es «un gran pacto con los consells de cada isla, con los ayuntamientos y con los agentes sociales».
La propuesta de «Pla d'Actuacions Urgents en Normalització Lingüística» mantiene como prioridad incentivar la normalización de la lengua catalana en zonas con una reducida presencia social como la isla de Eivissa o en Calvià y la ciudad de Palma. De hecho, según datos aportados por la Obra Cultural Balear (OCB), el 42 por ciento de los habitantes de Palma y el 62 por ciento de los de Calvià no sabe hablar en catalán. Y parecida situación se produce en los pueblos costeros y en zonas como s'Arenal de Llucmajor, Cala Millor (Son Servera y Sant Llorenç) o Cala Rajada (Capdepera).