JUAN MIGUEL LÓPEZ
La seguridad privada es un sector que ya desde hace algunos años
tiene una importancia considerable en las Islas, y que en el
presente año supera los 1.300 efectivos con titulación.
Recientemente, un estudio que hizo público el Govern reconocía que
en el año 2002 el número de vigilantes de seguridad superará en
Balears a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin
embargo, este colectivo sufre una 'inseguridad y precariedad
laboral alarmante', a los ojos de diferentes organizaciones
sindicales, y en especial de la Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF).
Tres son los principales problemas, según el CSIF, que sufre el vigilante de seguridad. En primer lugar, según explica Rafael Puigros, secretario general de CSIF de Balears, «la ley de seguridad privada ha cambiado para peor, ya que amplía las funciones del vigilante a labores que antes ejercían la Policía Nacional o la Guardia Civil». Con la ley anterior, los profesionales del sector eran denominados Vigilantes Jurados, a través de un juramento a la Constitución en el Gobierno Civil. Bajo este nombre tenían la consideración de agente de la autoridad, un rango inferior al de un guardia civil o un policía, pero con capacidad de actuación. A partir de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, la situación tomó un nuevo rumbo. A los profesionales se les cambió el nombre a vigilantes de seguridad y se les arrebató la condición de agentes de autoridad. Pese a «los inconvenientes que eso ha provocado en los profesionales, más desprotegidos legalmente, éstos han visto como se les han ido sumando, día a día, atribuciones y responsabilidades», lamenta el portavoz de seguridad de CSIF Ramón Domingo.
Según indica Sebastián Oliver, otro de los portavoces de CSIF, los vigilantes «hemos visto como ahora tenemos que seguir custodiando dinero, tenemos que controlar el acceso a Administraciones públicas o controlar escáneres para la detección de explosivos, con casi el mismo poder de actuación que tiene un particular».
Las críticas a la ley son rotundas por parte del CSIF. Unas críticas que son extensibles al convenio colectivo, el segundo de los graves problemas del sector. CSIF califica el convenio como lamentable por situarse «por debajo del estatuto de trabajadores». Los representantes del sindicato denuncian «un documento firmado en Madrid por los sindicatos mayoritarios UGT, USO y CC OO, que provoca el incumplimiento de las horas laborales semanales, que no contempla la peligrosidad cuando no se porta armas, ni la toxicidad cuando se trabaja junto a un escáner». Según Oliver, el vigilante tiene mayor peligro de sufrir una agresión cuando no porta un arma, por su poder intimidatorio, por lo que «todos los vigilantes deberían cobrar el plus de peligrosidad, más si tenemos en cuenta el bajo salario que cobra el profesional». Al respecto, CSIF defiende el pago de un plus de responsabilidad extra a aquellos vigilantes que portan armas.