Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con cinco jeeps y un helicóptero, actuaron ayer en dos explotaciones agrícolas de la Isla en busca de inmigrantes ilegales en unas actuaciones calificadas por el sector de «persecución policial sin fundamento» ya que estos trabajadores, aseguran, están incluidos en el proceso de regularización especial puesto en marcha por el Gobierno central.
Así, según denunció ayer el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Mas, las fuerzas del orden entraron ayer en una explotación de Inca y en otra situada en la carretera vieja de Sineu. Allí localizaron a unos 40 trabajadores, procedentes en su mayoría de Marruecos y Ecuador, y retuvieron a 20 de ellos hasta que los propietarios y la propia organización agrícola presentaron los documentos acreditativos. El problema, aseguran desde la organización agrícola, es que con las dos inspecciones de ayer ya son cuatro las realizadas en las últimas tres semanas (las dos anteriores fueron en Sant Joan y Palma) y, en todos los casos, los extranjeros están incluidos en el proceso de regularización.
Sin embargo, fuentes de la Dirección General de Policía aseguraron que existen varias denuncias de trabajadores ecuatorianos que habían trabajado en estas explotaciones en la que hablan de «precariedad en su situación laboral y humanitaria». Las mismas fuentes destacaron que en las fincas se detectó a 23 inmigrantes totalmente indocumentados, dos de ellos menores de edad, que fueron conducidos hasta la jefatura y que, una vez identificados, fueron puestos en libertad. La policía, señaló, asimismo, que tres funcionarios de la Inspección de Trabajo han participado en la actuación, que han levantado actas de infracción y que el empresario esta citado para los próximos días.
El origen del problema, según Mas, se remonta a hace unos meses, cuando Unió de Pagesos pidió permiso a la Delegación de Gobierno para traer a 250 inmigrantes. En aquel momento se dio que las cosechas peligraban si los productores no encontraban mano de obra para la recogida. La Delegación de Gobierno, asegura, con un retraso de varios meses, dió permiso para contratar a 170 trabajadores y, finalmente, sólo han llegado cinco. «Los agricultores han invertido mucho dinero en las cosechas y no pueden perderlo, ni esperar que se agilice la burocracia de la Administración, así que han acudido a trabajadores que están en proceso de regularización. Pero no han hecho nada ilegal».
Galán destaca la implicación de Unió de Pagesos en el
proceso de regularización
El director general de Treball, Fernando Galán, aseguró desconocer
si se han cometido irregularidades en las fincas agrarias
inspeccionadas ayer pero recordó que hay un acuerdo institucional
para no perseguir judicialmente a las empresas que intentan
regularizar la situación de sus trabajadores inmigrantes. Galán
destacó la «voluntad exquisita y la importante labor» que está
desarrollando Unió de Pagesos al colaborar con la Conselleria en la
elaboración de listas de trabajadores ilegales en el sector
agrícola de cara a su regulación.