La presidenta de EMAYA, María Crespo, declaró ayer, a las 10.00 horas, en el Juzgado de lo Penal con motivo de la denuncia interpuesta por un particular de presunto delito ecológico por el vertido de escombros en los terrenos municipales de Son Reus entre los días 7 y 17 de mayo.
Crespo explicó que de las casi 230.000 toneladas de escombros vertidas en Son Reus desde 1999, «esta denuncia sólo se refiere a las 12.000 depositadas en esos diez días». Pero en este caso se presentó una denuncia, lo que dio pie a que interviniera el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, que puso el caso ante los tribunales.
La regidora municipal explicó ante el juez que después de cuarenta días de huelga de escombristas «la ciudad se encontraba llena de contenedores de escombros, en los que se habían empezado a acumular también residuos orgánicos que la gente depositaba en ellos». «Además, -añadió- al haber llovido unos días antes empezaron a salir numerosos roedores atraídos por esta situación, con lo que retirar los contenedores se convirtió en un asunto de salubridad para la ciudad».
Y así lo ratificó un informe de los servicios sanitarios del Ajuntament de Palma, aseveró. Por eso, explicó Crespo, el alcalde dio la orden de que se quitasen los contenedores de las calles y fue lo que hicimos». La responsable de EMAYA mencionó, además, en su declaración «los trabajos de impermeabilización del suelo realizados en Son Reus pera evitar filtraciones perjudiciales» y también que «un mes y medio antes de todo esto la Conselleria de Medi Ambient nos había solicitado que abriéramos Son Reus durante 15 días».