La Delegación de Gobierno en Balears y las Consellerias de Benestar Social y de Treball i Formació constituirán una comisión técnica que se reunirá «de forma urgente» para coordinar la legalización de los 10.000 inmigrantes que trabajan en las Islas de manera irregular en el plazo de dos meses, según comentó la delegada del Ejecutivo central, Catalina Cirer.
Este acuerdo surgió tras la reunión que mantuvo ayer la propia Cirer con los consellers Fernanda Caro y Eberhard Grosske para estudiar las fórmulas de agilizar la tramitación de expedientes de los inmigrantes que, aún trabajando en el Archipiélago, no poseen los correspondientes permisos. De hecho, según comentó el titular de Treball i Formació al acabar el encuentro, los esfuerzos de la Administración se tienen que dirigir a legalización de estos 10.000 inmigrantes pero también al colectivo de trabajadores inmigrantes del servicio doméstico y a unos 3.000 más que no están registrados ni han solicitado permisos pero que cumplen el requisito de haber llegado a las Islas antes del pasado 23 de enero, fecha límite impuesta por el Gobierno central para aplicar el concepto de «arraigo».
Cirer, Grosske y Caro también debatieron la posibilidad de regularizar a aquellos inmigrantes que cumplen el requisito de la fecha de entrada en el país pero que no tienen, actualmente ofertas de trabajo.
En este sentido los consellers de Benestar Social y Treball propusieron, tal y como se recoge en las peticiones formales de la Mesa de Diálogo Social, la creación de una bolsa de intermediación que facilite el acceso de este colectivo al mercado laboral.