Los integrantes de la Mesa de Diálogo Social de las Illes Balears, integrada por Administración, representantes sindicales y empresarios a través de CAEB y PIMEM, aprobó ayer por unanimidad una resolución en la que piden la regularización de los aproximadamente 10.000 inmigrantes «sin papeles» que trabajan de manera irregular en las Islas, según confirmó el conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske.
La resolución conjunta, que reitera las tesis defendidas hace unos días por la Conselleria de Treball, establece que en las Islas «existen sectores económicos que necesitan contratar personas extranjeras para su funcionamiento normal» y que estos puestos de trabajo pueden ser cubiertos por personas en proceso de regularización «con una interpretación amplia de la legislación vigente».
En este sentido, Grosske recordó que el desempleo en las Islas, estimado en un 4'7 por ciento, es un «paro técnico» y que los trabajadores extracomunitarios que trabajan ilegalmente, «uno de cada dos» según el conseller, están en una situación de indefensión e inseguridad laboral que favorece su explotación por parte del empresario.
Para evitar esta situación, los sindicatos y empresarios integrantes de la Mesa de Diálogo Social acordaron la creación de canales de comunicación conjuntos con objeto de que las ofertas de trabajo existente puedan ser tramitadas «al objeto de que los trabajadores extranjeros pudieran acceder al permiso de trabajo y residencia de forma rápida».
De esta forma el organismo solicita a la Delegada de Gobierno, Catalina Cirer, una interpretación «permisiva» de la ley de extranjería y le «emplaza» a iniciar un proceso de negociación con el colectivo que, textualmente, «permita aliviar la tensión social asociada a esta problemática».