La presidenta de Educació i Gestió, patronal que reúne a los centros religiosos privados concertados, desmintió ayer que éstos se opongan a la reserva de plazas para niños inmigrantes. Marta Monfort explicó que «lo que desde la patronal defendemos es que es una lástima que se queden vacantes 180 plazas especiales para niños de 3 años cuando se han quedado sin plaza concertada 506 niños en Balears y 420 en Palma». En cambio, los centros públicos de Balears tienen ahora mismo más de 700 plazas sin ocupar, «y esa es la realidad, y debe respetarse el derecho de las familias a escoger la educación de sus hijos», añadió.
Por eso, defendió la conveniencia de que las cerca de 200 plazas de tres años que por ley están obligados a reservar los centros concertados para niños con necesidades educativas especiales se destinen, una vez finalizado el proceso, a los que se han quedado sin plaza en el centro escogido.
De las 200 plazas reservadas, sólo se han ocupado 19, «y las que quedan con toda seguridad no se cubrirán a lo largo del curso», lamentó. La explicación, dijo, es que «a estas edades tan tempranas las necesidades educativas especiales o van ligadas a una minusvalía psíquica o física o, normalmente, todavía no ha dado tiempo a que se manifieste un problema de retraso escolar». En el caso, agregó, de las necesidades asociadas a condiciones sociales o culturales «tampoco son tales en los niños de estas edades, porque tienen gran facilidad para adaptarse y aprender el idioma y pueden ocupar una plaza normal». Por tanto, la propuesta de EiG y de Fere Illes Balears es que se realice esta reserva sólo durante el proceso de admisión. «Y en caso de que durante el curso lleguen niños de fuera se les recolocará, con la única consecuencia de que en algunas aulas en vez de 25 niños habrá 26», explicó.
Por su parte, el asesor jurídico de EiG, Marc González, justificó el recurso presentado contra la orden que desarrolla del Decreto de admisión de alumnos al afirmar que «es contraria a la ley». El recurso se basa, principalmente, en la abierta vulneración de la Ley de Protección de Datos, al obligar a los centros a detallar el origen de los puntos logrados por cada alumno, y en que no se cumplió el trámite de permitir la presentación de alegaciones.