La Conselleria de Treball i Formació ha exigido ya formalmente al Ajuntament de Palma, CC OO, CAEB y la Fundació Universitat Empresa, la devolución de un montante global de 13.655.122 pesetas por distintas irregularidades detectadas en nueve cursos de formación cofinanciados por la Unión Europea en la etapa del PP y auditados por el Govern. Al respecto, el conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske, expuso que ahora se está en el plazo de presentación de alegaciones por parte de los operadores formativos y que, de momento, ya es seguro que el Ajuntament de Palma planteará un recurso contencioso administrativo. Lo más probable es que el resto de afectados sigan el mismo camino.
La Conselleria esperará a que concluya la vía administrativa en el caso del Ajuntament de Palma para plantear la apertura de la vía judicial contra Cort, ya que las auditorías y los informes jurídicos realizados ponen de manifiesto un posible fraude y, como dijo Grosske en su día, «falsedad en documento público». A la CAEB se le pide que devuelva 7'5 millones; 2 millones, a CC OO; algo menos de medio millón de pesetas a la Fundació Universitat Empresa; y 3'6 millones a Cort (el 100% de los dos cursos auditados).
Eberhard Grosske y el director general de Formació del Govern, Francesc Obrador, señalaron asimismo que después del verano se conocerán los resultados de las auditorías realizadas a otros sesenta cursos de formación que se aprobaron en la etapa del PP.
Obrador y Grosske presentaron ayer en rueda de prensa el plan de acciones formativas del Pla Enllaç para el periodo octubre de 2001-octubre de 2002 y que contemplan una inversión de 2.400 millones. A esta cantidad se suman otros programas formativos, como el Plan FIP (inserción y reincorporación a la vida laboral activa de los jóvenes y mayores con dificultades) o servicios de orientación, estudios y acciones complementarias. En total, el Govern destinará 5.300 millones para la formación y se prevé que 20.000 personas se beneficien de ella.
El conseller Grosske destacó que, después de haber recibido el visto bueno de la Unión Europea, de estos cursos de formación también se podrán beneficiar los inmigrantes. «Las acciones formativas estarán abiertas a los inmigrantes que cuenten con permiso de trabajo o residencia o estén en trámites», dijo Grosske, quien además puntualizó que podrán acudir a los servicios de orientación sociolaboral y ser atendidos en ellos independientemente de su situación legal. «Se trata de no dejar excluidos a quienes están esperando su permiso de trabajo», manifestó el conseller.